La flamante Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) se ha mostrado en contra de la creación de una interprofesional regional, tal y como contempla el borrador de futura Ley de la Viña y el Vino.
El texto normativo prevé esta figura para regular la producción de uva y la elaboración de derivados y alcoholes a partir de productos vitícolas, pero la entidad que preside Lorenzo Delgado se muestra “totalmente en contra”, tal y como lo han transmitido a la Consejería de Agricultura en un documento con sus observaciones.
La normativa regional, en periodo de alegaciones, contiene 79 artículos y varias disposiciones con medidas para la planificación de las campañas y para la adaptación del sector a las necesidades de los mercados internacionales, y AIVE ha hecho sus valoraciones.
En concreto, muestra su “desacuerdo” con algunos puntos del preámbulo como que los “controles” deban ser un “elemento esencial” para el “correcto desarrollo” de la ley. En este ámbito, consideran que “tanto los controles como las continuas inspecciones” actualmente vigentes “perjudican, ralentizan y encarecen el producto”. Es más, la AIVE las ve discriminatorias respecto a otros sectores y cree que provocan “un perjuicio en competencia de mercado”.
De manera concreta, y en relación al artículo 3, que recoge la actualización de un nuevo régimen sancionador, señalan que “entorpece la libertad de venta si no es clara”, así como recuerda que la actual Ley del Vino de Castilla-La Mancha “es más severa que la que regula el sector a nivel nacional”.
Respecto la promoción de las figuras de calidad y el embotellado para incrementar el valor añadido, la AIVE señala que “debe ser cada empresa la que lo elija según la demanda”, así como pide que se “simplifique la normativa” a la hora de impulsar, tal y como contempla la nueva ley, la inversión en investigación, experimentación e innovación.
También opina la entidad que encabeza Delgado que el fomento y consolidación de la viticultura como eje vertebrador que recoge otro apartado de este artículo “se conseguiría con una garantía a los precios mínimos de los productos”. Para garantizar la sostenibilidad, opina, habría que “dar más apoyo a los agricultores”.
Respecto a la definición del término fraude en el artículo 4 como una acción que viole los preceptos establecidos en materia de calidad agroalimentaria, efectuada con el propósito de engañar a los clientes o compradores y obtener una ventaja económica indebida, la AIVE respalda “la legalidad”, pero en términos que “puedan cumplirse”
De la misma manera, en cuanto a la descripción de vino como producto obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva, apuntan a introducir “vinos bajos en alcohol”, tal y como existe “en la cerveza”.
También consideran una “contradicción” el artículo 23 que recoge la obligatoriedad de presentar la declaración de cosecha por parcela, pues “se están haciendo investigaciones de nuevos mercados para colocar esta producción”
En cuanto al apartado b del artículo 25, relativo al permiso de acceso a las parcelas vitícolas, opinan que “debe realizarse previa identificación del técnico y con permiso previo”.
Defienden, de igual modo, respecto al punto 26, que el aumento de grado alcohólico volumétrico natural se haga “únicamente” con mosto de uva de vinificación, un proceso que “obligatoriamente” ha de recoger la etiqueta del producto final.
Sobre la informatización de registros, la AIVE cree que la herramienta debe “ser opcional”.
Reivindican en otro punto que “la chaptalización se haga con mosto de uva”, que el vinagre “sea de vino”, al igual que el alcohol para bebidas espirituosas. Solicitan también que los hidrogeles se fabriquen con alcohol de vino.
Respecto a la promoción del asociacionismo en la cadena de producción del sector vitivinícola (artículo 64), señalan que ha de ser “voluntario y no presionado”.