La nueva reforma de la Ley de Caza impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pasado este martes su último trámite en el Poder Ejecutivo y ha recibido el último visto bueno necesario por parte del Consejo de Gobierno, por lo que será presentada en el Parlamento regional para su debate por los grupos parlamentarios, con la previsión de que se someta a votación final antes de que finalice el primer trimestre de 2018.
Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno autonómico, Francisco Martínez Arroyo, quien ha pedido a los tres grupos parlamentarios que apoyen este Proyecto de Ley para su aprobación por unanimidad.
Martínez Arroyo, que ha agradecido el “esfuerzo” a asociaciones cinegéticas y ecologistas en un documento que “no es del agrado al cien por cien de todas ellas”.
“Creo que ese consenso con un proyecto de ley mejor que el actual se ha conseguido gracias a las reuniones de los últimos dos años, con una interlocución inigualable”, ha celebrado el consejero, que hecho extensivo su agradecimiento a las asociaciones que rechazaron la anterior ley.
La caza, ha dicho, factura 600 millones de euros en la región, algo que quedará plasmado en un informe específico que se está elaborando desde su departamento.
La importancia de esta ley radica, según Martínez Arroyo, en el fomento de la caza social, con licencias de caza gratis para jubilados, ayudas a los cotos sociales en pueblos, fin de la caza con lanza de jabalí, recuperación de la perdiz roja –con un plan reinserción de la especie que verá la luz en 2018– y reducción de la incidencia de cebos envenenados sobre especies amenazadas. “Caza social, frente a caza intensiva”, ha resaltado.
Más objetivos
Otro objetivo de esta ley es que en aquellos cotos de caza menor en zonas sensibles medioambientalmente hablando será necesario un informe de impacto sobre los recursos naturales, “algo totalmente novedoso”. Además, se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos.
La reducción de tramas burocráticas para el desarrollo de la actividad –el tercero de los objetivos– es algo que tal y como ha asegurado Martínez Arroyo conseguirá la nueva normativa, extremo “muy importante sobre todo en Cuenca y Guadalajara”.
La utilización de senderos en el medio rural para actividades como la recogida de setas se verán más protegidas frente a la caza, algo que según ha dicho no ocurría con la ley vigente impulsada por el PP en la pasada legislatura.
“Sobre este punto ha habido un consenso absoluto, también de los cazadores”, ha acentuado Martínez Arroyo, quien ha considerado que esta nueva ley “beneficiará no sólo a cazadores, sino al conjunto de la ciudadanía aunque no les guste la caza”.
En este punto, ha hecho una defensa del papel de los Agentes Medioambientales, que si bien “no son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, serán “los agentes de la autoridad” que velarán por el cumplimiento del nuevo texto en el campo castellano-manchego.
Ecologistas en Acción satisfechos con la nueva ley
Ante la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de caza y su definitiva tramitación a las Cortes Regionales con vistas a su definitiva promulgación, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ve satisfecho uno de sus principales objetivos. Ya es seguro que la ley de caza cambiará sustancialmente gracias al impulso social contra los privilegios a la caza.
La Plataforma reconoce el esfuerzo realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un cambio sustancial en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien tiene que soportar a diario la sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos.
Cambiar la ley de caza de la era Cospedal es una necesidad para Castilla-La Mancha. Es un ejercicio de higiene democrática llamado a restituir buena parte de los derechos de los no cazadores y de los principios de protección animal y conservación de la naturaleza que la actual ley conculca.
El proyecto de ley que el Gobierno aprueba cambia aspectos fundamentales que permitirán el desarrollo de actividades en el medio natural sin temor a ser sancionadas o interrumpidas en espacios públicos por efecto de la caza, que priorizarán la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados, que generarán un mayor control de la caza intensiva y de los cerramientos, que reforzarán la actividad de los agentes medioambientales y que supondrán una mejor aplicación del régimen sancionador.
Por otra parte, todavía se queda corto el proyecto de reforma en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza, como la caza nocturna o el empleo de alimentación suplementaria que generan sobrepoblaciones de ungulados, la eliminación de vallados ilegales o la supresión de los cuarteles de caza comercial.
A partir de aquí la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha reitera el llamamiento ya hecho a los partidos con representación parlamentaria para que apoyen la modificación de la ley y, si posible, incluso mejoren el texto que traslade el Gobierno con la aprobación de las oportunas enmiendas. A tal fin iniciará inmediatamente una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios castellano-manchegos.
