En 2025 se cumplirán cincuenta añas desde que un grupo de personas se unieron para crear la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y luchar por sus derechos. Desde entonces esta asociación de carácter privado ha crecido poco a poco para convertirse en un referente independiente en la defensa de los consumidores.
En su crecimiento, hace tres años la OCU abría una delegación en Toledo que, de la mano de Itziar Fernández de la Cruz, trabaja día a día para que los consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha se sientan seguros y, además, para abordar los problemas diferenciales de la comunidad autónoma.
Como explica Fernández de la Cruz, la OCU ofrece numerosos servicios a sus socios. El más conocido es el apoyo en las reclamaciones en defensa de sus derechos como consumidor, actuando, sobre todo, mediante reclamaciones directas a las empresas. En un primer término la OCU actúa vía mediación, recurriendo después a la vía judicial si hubiera que llegar a este nivel.
Paralelamente la OCU ofrece un asesoramiento continuo no sólo a nivel de derechos de los consumidores, sino también a través de otros servicios como pueden ser los comparadores de todo tipo de productos.
Además, como resalta la delegada de la OCU en Castilla-La Mancha, en la web ha en abierto para todos los usuarios muchísima información sobre servicios, compañías, así como estudios comparativos sobre distintos productos y sus calidades.
“Ofrecemos un elenco enorme de actividades, desarrollamos estudios sobre problemas que se están produciendo y que están afectando a los consumidores y a los usuarios y, además, gracias a las delegaciones que tenemos por todo el territorio nacional, detectamos y abordamos los problemas propios cada comunidad autónoma”, apuntó Fernández de la Cruz, que apuntó que, “lógicamente los usuarios de Castilla La Mancha no piden ni necesitan lo mismo que los del País Vasco, por ejemplo”.
En este sentido desde la apertura en mayo de 2021 de la Delegación de Castilla-La Mancha se han sucedido tres años de intenso trabajo. Primero para dar a conocer la presencia de la OCU en la comunidad autónoma, segundo para abordar las reclamaciones y cuestiones de los castellano-manchegos y tercero en abordar los problemas más propios de esta comunidad autónoma.
Brecha digital
Al respecto Fernández de la Cruz indicó que la OCU en Castilla-La Mancha está entrando mucho en cuestiones de brecha digital que surgen en especial en zonas de la comunidad autónoma en riesgo de despoblación. “La baja densidad de población pone a ciertos territorios en peligro de desaparición y por este motivo en muchas poblaciones estamos haciendo hincapié y luchando contra la exclusión de servicios, como pueden ser los financieros, los sanitarios, los educativos y digitales”.
Como subraya la delegada de la OCU, “en Castilla-La Mancha tenemos el gran problema de la España vaciada. Existen municipios que no cuentan con un sistema sanitario, con un médico que les atienda dos o tres días entre semana. Tenemos exclusión financiera en municipios que no disponen de sucursales bancarias y sus habitantes se tienen que trasladar a una población mayor para sacar dinero. Tampoco contamos con líneas de transporte que les puedan llevar a un centro neurálgico más grande donde realizar sus tareas y estamos ayudando a que estos municipios no desaparezcan. Hay que beneficiar a esta gente”.
A nivel general, en Castilla-La Mancha, al igual que en el resto del país, el mayor número de reclamaciones se dirigen a las compañías eléctricas, de gas, las aéreas y las telefónicas.
En la actualidad la OCU cuenta con 7.200 socios en Castilla-La Mancha que han presentado un total de 9.094 consultas en 2023 y unas 4.000 en lo que llevamos de año.
Este incremento en 2024 se debe a que en enero prescribía la posibilidad de reclamaciones contra las clausulas abusivas en los gastos bancarios.
En la provincia de Ciudad Real la OCU registró 1.424 reclamaciones en 2023, la inmensa mayoría, 932, versaron sobre consumo de bienes y servicios; 113 sobre impuestos; 113 sobre compras maestras; 107 sobre vivienda; 77 sobre trabajo y Seguridad Social; 61 sobre Administración Pública; y 21 sobre familia y sucesión.
Una de las principales tareas de la OCU es la de inculcar prevención y precaución a la hora de contratar determinados servicios y suministros. En este sentido incide en que hay que tener bien claras las condiciones y ser prudente a la hora de contratar cualquier servicio o suministro de gas, electricidad o telefonía.
Transición ecológica
A nivel nacional la actividad de la OCU no cesa. Ahora la Organización celebra la Directiva sobre el Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica. Para la OCU esta normativa viene a consolidar los derechos de los consumidores en cuanto a alegaciones engañosas y derecho a una información clara. Y, en buena parte, recoge las peticiones de la Organización de Consumidores y Usuarios en la materia.
OCU considera que esta norma es un avance, ya que va a obligar a las empresas a proporcionar información clara, relevante y fiable sobre el impacto ambiental de sus productos. Para ello introduce exigencias específicas para abordar prácticas comerciales desleales como la obsolescencia prematura, afirmaciones medioambientales engañosas, información engañosa sobre características sociales de los productos o empresas, y distintivos de sostenibilidad poco fiables.
Esta norma se complementará con otra, que se aprobará en breve, la Directiva de Alegaciones Ecológicas (Green Claims Directive), que se enfocará en regular las ecoetiquetas y alegaciones ambientales para que sean fiables. Se centrará en las afirmaciones permitidas indicando lo que se puede alegar y en qué condiciones.
Además, la nueva Directiva aborda de manera más efectiva el greenwashing para proporcionar una mayor claridad sobre qué afirmaciones se permiten y cuáles no. Entre las principales modificaciones, se prohíben afirmaciones genéricas sobre el medio ambiente, como «respetuoso con el medio ambiente», “ecológico”, “sostenible”, “biodegradable” o bueno para la naturaleza”. Esta es una petición de OCU desde hace mucho tiempo por la confusión que generan. Las afirmaciones ambientales deben ser específicas para aportar valor al consumidor.
También se prohíben afirmaciones sobre compensación de emisiones de carbono, como «climáticamente neutro» o “cero emisiones netas” que hagan pensar al consumidor que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta prohibición es muy interesante puesto que, en las encuestas realizadas por OCU, se ha demostrado que cuando se les pregunta a los consumidores sobre su significado, la mayoría responde de forma incorrecta.
Distintivos
Otro elemento que va a aportar claridad, a juicio de OCU, es que las empresas no podrán usar distintivos de sostenibilidad salvo que se basen en un sistema de certificación o que hayan sido establecidas por las administraciones públicas. Y las empresas no podrán hacer afirmaciones medioambientales sobre la totalidad del producto o sobre toda la empresa, cuando en realidad solo se refiera a un determinado aspecto del producto o a una actividad específica.
Dando respuesta a otra petición de OCU, finalmente se aclara que no deben usarse como reclamo ecológico las limitaciones establecidas por ley, como por ejemplo indicar “sin fosfatos” en un detergente de lavadora o de lavavajillas.
La nueva directiva también impide ocultar información sobre los posibles efectos negativos de una actualización de software en productos digitales. Por ejemplo, si una actualización puede afectar la batería o el rendimiento del dispositivo, los comerciantes deben informar a los consumidores. Tampoco podrán inducir a que los consumidores cambien partes o consumibles antes de que realmente sea necesario por razones técnicas.
Los fabricantes podrán seguir requiriendo la compra de accesorios o repuestos de la marca original, pero no podrán ocultar información sobre cómo funciona el producto cuando se utilicen piezas o accesorios de otras marcas.
Se agregarán los aspectos ambientales, sociales y de circularidad a la lista de características principales del producto que los comerciantes no pueden falsear. Además, está prohibido anunciar beneficios irrelevantes para los consumidores, como afirmar que las hojas de papel no contienen plástico.
