El proyecto de ley busca, según el portavoz del Grupo Parlamentarios Socialista, Julián Martínez, establecer «una ley mucho más acorde a los tiempos que corren, mucho más moderna, que recoge incluso aspectos vinculados la creación de nuevas figuras dentro de nuestro territorio».
Asimismo, ha señalado que «tiene el objeto de facilitar todas las actividades que se puedan desarrollar en un espacio tan importante para nuestra región».
Las enmiendas de Ciudadanos, una de las cuales ha sido objeto de una transaccional por parte del PSOE, están referidas, tal como ha expuesto su portavoz en la Comisión, Elena Jaime, al establecimiento de mecanismos de sanción administrativa ante incumplimientos de la ley de Montes «estableciendo una adecuación con la Ley de Montes de ámbito nacional».
En cuanto a las cinco enmiendas incorporadas por el PSOE, incorporan cuestiones fiscales en el ámbito del aprovechamiento de montes, una adecuación a la Ley de Medidas contra la Despoblación aprobada en 2021, así como elementos de armonización con la ley estatal vigente.
ENMIENDAS RECHAZADAS
Por otra parte, la Comisión ha rechazado con los votos contrarios del Grupo Socialista la introducción de otras seis enmiendas de Ciudadanos y 10 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Las enmiendas de los ‘populares’, defendidas por el diputado Benjamín Prieto, se han centrado en la agilización de trámites en solicitudes de modificación, señalando que, al contrario de como figura en el proyecto, «el silencio administrativo tenga carácter aprobatorio».
En el mismo sentido, ha solicitado que las administraciones competentes ofrezcan una respuesta en 30 días.
Por otro lado, ha planteado facilitar el establecimiento de planes y ayudas a la generación de itinerarios y otras herramientas para aprovechamiento del espacio «que, en nuestra opinión, benefician a la protección de nuestros montes».
Además, ha propuesto que, en caso de incendio, «no se demoren las actuaciones hasta 12 meses», planteando que, aunque el criterio técnico establezca que la replantación se haga en fechas concretas que pueden no adecuarse, la administración «debe haber actuado, aunque sea tan solo con la elaboración de informes técnicos».
De su lado, Ciudadanos ha planteado que se modifique el artículo referido al incumplimiento de los planes forestales por parte de propietarios.
«Queremos otorgar seguridad jurídica a la norma, estableciendo que el condicional ‘podrán impedir’ se sustituya por ‘impedirán el acceso a otras ayudas y subvenciones'», ha expuesto Jaime.
Además, ha planteado otra serie de modificaciones técnicas destinadas a «armonizar el texto con la normativa vigente de ámbito estatal, tal y como ha solicitado el Consejo Consultivo».
El portavoz socialista, Martínez Lizán, ha respondido que algunos elementos como la promoción de rutas y otros mecanismos de aprovechamiento, «no tienen cabida en una norma con rango de ley, pero se podrán desarrollar en los reglamentos».
Además, ha rechazado la sustitución del condicional en el caso de la retirada de subvenciones, apuntando que «se ha empleado el condicional para flexibilizar la ejecución por el propietario de los montes ya que algunas circunstancias o eventos catastróficos podrían impedir la planificación previa».
En este sentido, ha indicado que el desarrollo reglamentario también podrá especificar los casos concretos.
Tras la aprobación del dictamen, la Comisión ha nombrado al propio Julián Martínez como ponente de la norma de cara a su debate y votación en el pleno de las Cortes que debatirá este proyecto de modificación de la ley.
