Más del 70% de las personas con discapacidad en España lo son a causa de una discapacidad sobrevenida, una realidad invisible cuyas secuelas impactan no sólo en la persona que la padece y su entorno familiar sino también en la sociedad, siendo preciso un abordaje integral de esta situación que sea prioritario en la agenda política del país.
Así lo señala Ana Cabellos, presidenta del Movimiento Asociativo del Daño Cerebral en España y en Castilla-La Mancha, y a su vez presidenta de la Comisión de Discapacidad Sobrevenida en el CERMI Estatal, quien considera imprescindible articular mecanismos que posibiliten una atención global y eficiente de esta situación.
A diferencia de la discapacidad originaria o congénita, la discapacidad sobrevenida ocurre de manera inesperada en la vida de la persona afectada, a través de diversas vías: enfermedades crónicas, accidentes traumáticos, patologías progresivas…
Las secuelas que provoca una discapacidad sobrevenida son diferentes y pueden ser múltiples en función de cómo se origina. “Hablamos de secuelas de tipo físico, cognitivo, sensorial o conductual, una o varias a la vez y distintas en cada persona”.
Sin embargo, según explica Ana Cabellos, la discapacidad se sigue abordando como un fenómeno homogéneo sin tener en cuenta su diversidad y complejidad. “Las personas con discapacidad sobrevenida se invisibilizan dentro del conjunto de población con discapacidad en general”.
Reclaman un esfuerzo por cuantificar el número de personas afectadas
Desde el Movimiento Asociativo del Daño Cerebral, una de las principales discapacidades sobrevenidas con cerca de 500.000 personas afectadas en España, reclaman un esfuerzo para cuantificar cuántas personas viven con una discapacidad sobrevenida, cuáles son sus secuelas y qué necesitan, estadísticas imprescindibles “para dimensionar los recursos y políticas necesarias para un abordaje integral».
La diversidad y complejidad de la discapacidad sobrevenida, añade la también responsable de Daño Cerebral Castilla-La Mancha, requiere servicios, recursos y políticas destinados a este grupo social considerado globalmente, que no queden desatendidas porque no se dimensionar sus particularidades.
Es importante tener en cuenta que, dentro del conjunto de personas afectadas por discapacidad sobrevenida, las mujeres, las personas mayores y aquellas que residen en zonas rurales tienen en la mayor parte de los casos condiciones económicas, sociales y culturales desfavorables, que los hacen grupos prioritarios con necesidades especiales de protección.
Por todo ello, Ana Cabellos nace un llamamiento para que entre todos los actores implicados —personas afectadas y sus familias, entidades y administraciones— se trabaje de manera coordinada en el análisis y puesta en marcha de estrategias que garanticen los derechos y oportunidades de quienes enfrentan este desafío.
