Con el texto, que se ha leído al inicio de la sesión plenaria, el Parlamento se suma a la conmemoración de esta fecha, instaurada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1999, mostrando “su apoyo incondicional y recordando de manera especial a todas las víctimas y a sus hijas e hijos y a sus familias, condenando cualquier expresión de violencia y manifestando tolerancia cero ante cualquier tipo de acción violenta que se ejerza contra las mujeres”.
El Parlamento, que reconoce que este es un “problema social y estructural” y “el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos” y de “vulneración de la igualdad, la dignidad, la integración y el derecho a la vida de las mujeres”, asegura que su erradicación debe ser un tema tratado “con la máxima prioridad en las agendas de las diferentes administraciones públicas como garantes de la igualdad, de la no discriminación entre mujeres y hombres y de una sociedad libre de violencia”.
Además, se compromete a establecer los mecanismos necesarios para prevenir situaciones de violencia con unidad parlamentaria y el compromiso de toda la sociedad, y manifiestan su “dolor y repulsa” ante una violencia “que nos avergüenza como sociedad y que atenta contra la dignidad, la vida y la integridad de muchas mujeres”.
En este sentido, el secretario primero, Ángel Tomás Godoy, encargado de la lectura del documento, ha recordado que desde que hay datos oficiales, el 1 de enero de 2003, hasta hoy, son 1.027 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en España, 51 mujeres en lo que va de año y 43 los huérfanos menores de 18 años “que deja esta barbarie”.
Asimismo, la declaración sellada por PSOE, PP y Ciudadanos reconoce el “enorme esfuerzo” realizado por las administraciones públicas en la puesta en marcha de las medidas del Pacto de Estado y solicitan a todas las instituciones a continuar “con la necesaria colaboración para luchar contra la violencia machista”, dando así cumplimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos en ese documento.
Las Cortes regionales se comprometen, igualmente, a “mantener y reforzar la lealtad institucional entre todos los grupos políticos para seguir fortaleciendo la labor del gobierno en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas hasta alcanzar una sociedad libre de violencia machista”.
Finalmente, hacen un llamamiento “a la responsabilidad y al compromiso” de los poderes públicos, administraciones y de toda la sociedad “para no desfallecer hasta conseguir que todas las mujeres” del país “disfruten de una vida igualitaria y libre de cualquier manifestación de violencia”.
