La reducción del IVA a las mascarillas aprobada por el Gobierno es una medida de lucha contra la pandemia que se queda muy corta debido a que sólo afecta a las mascarillas quirúrgicas y no a las higiénicas y, especialmente, a las autofiltrantes, conocidas como FFP2.
El Consejo General de Enfermería cree que es primordial que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia.
Por una parte, hay que tener en cuenta que la población no tiene por qué estar discriminando unas mascarillas de otras, sino que su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la Sanidad y muchas muertes más de las que ya lamentamos.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, asegura que “de hecho hay que ir más allá y por tanto deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria. Lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el sistema nacional de salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato”.
Cabe recordar que la prolongación del uso de las mascarillas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, muchas veces por la imposibilidad económica que tienen para adquirirlas, y esto genera un problema de salud pública, ya que ni están protegidos ni evitan la transmisión del virus a los demás.
Además, hay personas que por su actividad profesional es recomendable el uso de las mascarillas FFP2 y no las quirúrgicas, debido a su contacto directo con otras personas en ambientes cerrados, como por ejemplo profesores, educadores infantiles, personal que trabaje de cara al público en ambientes cerrados,…
Por este motivo, es primordial crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo. Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.
