«La sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión por las universidades y las hará poco atractivas para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector que se vienen comprometiendo en programas de cooperación educativa», señala en un comunicado la institución, que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a órganos de representación de las privadas.
Asimismo, han destacado que «carece de sentido» que una norma cuyo objeto es regular las prácticas académicas de las enseñanzas universitarias y de formación profesional «no haya sido promovida por los ministerios más concernidos (Universidades y Educación y Formación Profesional) y haya dejado al margen de la negociación a las universidades, a los consejos sociales como nexo de unión entre las empresas y las instituciones universitarias, y a todo el ámbito educativo».
Además, ha manifestado «su perplejidad ante el vicio en que incurre la propuesta de normativa en origen». «Una actividad académica que tiene finalidad formativa no puede ser tratada desde una óptica puramente laboral por el mero hecho de que se desarrolle en régimen de cooperación educativa en centros de trabajo. De este error de partida nace la novedad más contradictoria de la propuesta: los estudiantes que las realizan, pese a estar protegidos por el Seguro Escolar, han de ser incluidos en el sistema de la Seguridad Social por empresas, instituciones y entidades del tercer sector con las que no mantienen relación laboral alguna», han precisado.
Por todo ello, la CCS se ha ofrecido a colaborar para revisar el actual marco normativo de las prácticas externas con el fin de mejorar su funcionalidad como actividad formativa esencial para la preparación de los futuros profesionales.
«Esta mejora ha de ser consensuada con participación de la comunidad universitaria y los empleadores, estableciéndose los controles necesarios para evitar situaciones fraudulentas, desde luego, pero sin que por ello se tenga que coartar el desarrollo de esta actividad académica; dificultar la cooperación educativa entre universidades y empresas, instituciones y entidades del tercer sector, y lastrar la formación práctica de los estudiantes de cara al futuro», ha concluido.
