El déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2020 en el 10,09% del PIB como consecuencia del mayor gasto para hacer frente a la pandemia, tras situarse en 113.172 millones de euros, lo que supone un incremento de 77.557 millones respecto al ejercicio anterior. Incluyendo la Sareb, el déficit público se situó en el 10,97% del PIB.
El dato final se sitúa más de un punto por debajo de la estimación del Gobierno (11,3%) y es la segunda cifra más alta de la historia, después de que en 2012, el peor año de la crisis financiera, el déficit se situara en el 10,6% del PIB, incluyendo el rescate a la banca.
La distribución de los datos de 2020 por subsectores muestra que la Administración Central asumió la mayor parte del coste de la pandemia, con una tasa de déficit que se situó en el 7,49% del PIB; las comunidades autónomas registraron un déficit hasta el 0,21%; la Seguridad Social, del 2,65%; y las entidades locales presentaron un superávit del 0,26% del PIB.
Este resultado se debe a un aumento del gasto en 53.070 millones de euros respecto al año anterior, y el 85% de esta cifra corresponde a medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia.
En concreto, se tratan de 44.907 millones ligados directamente a las políticas discrecionales puestas en marcha para luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia, de los que más de 40.000 millones, el 90% del total, han sido asumidos por el Estado.
Según ha desglosado la ministra, 21.520 millones corresponden a ERTE, Incapacidad Temporal y Cese de Actividad; 8.284 millones, a gastos Covid y sociosanitarios en las CCAA; 7.791 millones a exoneraciones de ERTE y autónomos y 7.312 millones corresponden al resto de gastos relacionados con la pandemia.
Gran parte del gasto público no vinculado a políticas anti-Covid hay que atribuirlo también a la intervención de los estabilizadores automáticos, como las prestaciones de desempleo, que aumentaron más de 5.000 millones de euros.
El gasto aumentó por el impulso de partidas como subvenciones y prestaciones sociales. En concreto, las subvenciones aumentaron un 71% y alcanzaron los 21.420 millones, mientras que las prestaciones sociales subieron un 15,9%, hasta los 228.115 millones.
Por su parte, los ingresos reflejan una caída en 24.487 millones, un 5% menos, registrándose un descenso de la recaudación fiscal en 21.674 millones, un 7,8% inferior. En concreto, los impuestos indirectos han caído un 11% y los directos, un 3%. En cambio, las cotizaciones sociales han crecido un 0,8%.
Sobre el plan de consolidación fiscal, Montero indicó que este debate se afrontará cuando la Comisión Europea decida volver a las reglas fiscales, si bien es posible que incluso la suspensión continúe en 2022, como ha pedido España y otros países de la UE.
Pese a ello, dijo que el Gobierno “no está desatendiendo” la reducción del déficit, ya que este año ya hay un recorte hasta el 7,7% del PIB, cifra que, según admitió, se revisará cuando se envíe a Bruselas en abril el nuevo plan de estabilidad, aunque no concretó si se mejorará o empeorará.
“El incremento del déficit no implica que el Gobierno renuncie a la estabilidad presupuestaria. La prioridad es combatir la pandemia pero eso no va a impedir que en 2021 se registre un descenso del déficit”, ha recalcado la ministra.
LA RECAUDACIÓN DE LA AEAT CAE UN 8,8%
En cuanto a la recaudación de la Agencia Tributaria, la ministra ha señalado que se ha producido una caída del 8,8%, hasta los 194.051 millones de euros, y ha destacado el comportamiento del IRPF, que ha registrado un incremento del 1,2%, hasta los 87.972 millones, que se explica por el impulso de medidas como los ERTE, así como por el incremento de las pensiones o del sueldo de funcionarios, según Montero.
En el lado contrario, la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha descendido un 33,2%, hasta los 15.858 millones de euros; el IVA, un 11,5% y los Impuestos Especiales han decrecido un 12,1%.
EL DÉFICIT DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SE SITÚA EN EL 7,49% DEL PIB
La Administración Central cerró 2020 con un déficit en el 7,49% del PIB, hasta situarse en 84.051 millones de euros, sin incluir ayudas financieras, como consecuencia, especialmente del aumento en un 35,2% del gasto en transferencias a otras administraciones públicas, lo que se traduce en 42.000 millones más.
En concreto, 22.357 millones corresponden a la Seguridad Social; 2.300 millones, al SEPE para prestaciones y cuotas de subsidios al desempleo y 16.000 millones a comunidades y ciudades autónomas por el ‘Fondo Covid-19’.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, LAS ÚNICAS QUE MEJORAN SU SALDO FISCAL
Las CCAA son el único subsector que ha mejorado su saldo fiscal por los mayores recursos transferidos por la Administración Central. En concreto, su déficit ha pasado del 0,57% del PIB en 2019 al 0,21% en 2020, hasta los 2.306 millones. Sin medidas como el Fondo COVID o el aumento de las entregas a cuenta, los ingresos autonómicos habrían caído un 4,6%, según ha apuntado la ministra.
Durante su intervención, Montero ha destacado que nueve comunidades autónomas cerraron 2020 con superávit. Se trata de Andalucía (situándose en el 0,14% del PIB), Aragón (0,17%), Asturias (1%), Baleares (0,23%), Canarias (0,55%), Cantabria (0,51%), Castilla-La Mancha (0,41%), Castilla y León (0,04%) y La Rioja (1,07%).
En este punto, sobre el superávit registrado por estas comunidades a pesar de tener que hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, la ministra indicó que los gobiernos regionales han incrementado el gasto un 9,4%, una cantidad “muy importante”, pero que el aumento de sus ingresos, derivado de las mayores transferencias del Estado, se ha comportado como si no hubiera crisis.
“Sé que las comunidades no han escatimado esfuerzos, han estado atendiendo todo lo que era propio y lo que expresa el superávit que han tenido algunas no es una mayor pereza a la hora del gasto, sino que los ingresos que les ha dado el Gobierno han suficientes”, reiteró.
En este sentido, se refirió también al incremento del 1,6% de los ingresos a cuenta este año, a pesar del desplome del PIB en 2020, y apuntó que en julio de este año el Gobierno comunicará a las comunidades cómo deben reintegrar el dinero que han percibido en exceso.
“Adoptaremos el mecanismo más beneficioso para las comunidades y el que les resulte menos oneroso para hacer frente a la devolución del exceso de las liquidaciones”, indicó.
SEGURIDAD SOCIAL Y CORPORACIONES LOCALES
En cuanto a los fondos de la Seguridad Social, incrementaron su déficit en 13.826 millones de euros, hasta el 2,65% del PIB, con un total de 29.685 millones.
El Gobierno transfirió más de 22.000 millones a la Seguridad Social como red de seguridad para trabajadores, autónomos y familias, entre los se incluyen 5.700 millones para los autónomos, entre prestaciones y exoneraciones.
La ministra ha destacado el incremento de cotizaciones a la Seguridad Social del 0,8% ante el crecimiento de sueldos públicos y las pensiones, así como los ERTE, que han permitido mejorar esta rúbrica.
Por su parte, las corporaciones locales registraron un superávit de 2.870 millones de euros, un 0,26% del PIB, similar a la cifra obtenida en 2019. El Estado ha transferido a las entidades locales un total de 19.119 millones, un 3,5% más.
“Este importe incluso podría haber sido superior si el PP no hubiera impedido la convalidación del real decreto que contemplaba medidas como transferencias de 5.000 millones para las corporaciones locales”, ha señalado la ministra.
