La portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, ha dado a conocer los primeros datos de los informes económicos de los técnicos municipales que han sacado a la luz 4.069 facturas impagadas por parte del Gobierno de Jaime Ramos, cuyo valor asciende a 7,7 millones de euros.
En rueda de prensa, Bellón han explicado que aunque todavía no tienen por escrito los informes jurídicos, contables y económicos de los servicios de Intervención y Tesorería, sí les han comunicado que las obligaciones de pago del Ayuntamiento asciende a un total de 7,7 millones de euros, y que a las 679 facturas impagadas correspondientes a los ejercicios de 2017 y 2018 hay que sumar las de 2019, entre los meses de enero a junio, por lo que serán 4.069 factura pendientes de pago en total.
La portavoz ha señalado que estas facturas están en diferentes fases dentro del proceso de validación, algunas están solamente validadas, otras están reconocidas pero no se ha dado la orden pago, y otras que aun teniendo la orden de pago no se puede pagar porque hay problemas de liquidez.
Si bien, ha asegurado que se ha establecido un calendario de pagos pues “es responsabilidad del Ayuntamiento satisfacer estas facturas”, empezando por las que ya tienen orden de pago.
También ha informado de que el equipo de Gobierno estudia la renovación de la operación de Tesorería de la póliza de crédito de 10 millones de euros que el anterior gobierno del PP solicitó en el mes de octubre de 2018 para “frenar las tensiones de Tesorería”.
Al respecto, ha asegurado que dicha póliza tenía que cubrir todo un año, hasta octubre de 2019, para pagar a los proveedores pero que tan solo quedan 1.800 euros en la póliza, por lo que “está absolutamente gastada y no ha habido previsión ni anticipo por parte del Gobierno anterior”, ha recalcado.
En este sentido, Bellón ha indicado que tendrán que ver la evolución de los ingresos del Ayuntamiento a través del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI), que vence el 31 de julio, y que, según los informes de Tesorería, no hay muchos impagados, tan solo un 20 por ciento frente al 80 por ciento que paga el impuesto. De hecho, ha precisado que son unos 18 millones de euros de ingresos de IBI urbano y rústico.
No será hasta entonces cuando el Ayuntamiento pueda recabar la póliza de crédito y dar cumplimiento a todas las obligaciones de pago que se había asumido, en su opinión, “muy alegremente”. “Ha habido una falta de gestión y una irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior en gastar sin saber si había crédito y sin el procedimiento legal”, ha reiterado.
Por ello, el equipo de Gobierno va a revisar muchos de los gastos que se han llevado a cabo sin expediente, y van a solicitar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que informe sobre cómo se han hecho esos gastos.
Bellón ha avanzado que se van a adoptar medidas que tiendan a racionalizar el gasto, pues “el principio que debe regir es el de eficiencia y eficacia en lo que se gasta y cómo se gasta”.
Sobre la posibilidad de plantear una auditoría externa, Bellón ha aclarado que el equipo de Gobierno no va a hacer una auditoría “en el término estricto”, pues los técnicos del Ayuntamiento están dando “cumplida cuenta de la situación económica”.
Sentencia Plan de Empleo
Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha tomado conocimiento de las demandas de los trabajadores del Plan de Empleo del Ayuntamiento de Talavera solicitando al organismo autónomo de IPETA la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que condena al Ayuntamiento al pago de la diferencia salarial a los trabajadores de los planes de empleo por haber realizado trabajos que no se correspondían a la categoría para la que fueron contratados, tras la denuncia de CCOO y que el sindicato estimó en cerca de 15 millones de euros.
Bellón ha recordado que el Ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra dicha sentencia y está en fase de admisión, por lo que se ha asignado abogado y procurador para responder a las demandas ejecutivas de los trabajadores de los planes de empleo.
También ha dado a conocer una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la modificación de un artículo del acuerdo marco de los funcionarios municipales que reclamaban mayor porcentaje de plazas de promoción interna dentro de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento. Dicha sentencia refleja que el acuerdo no cumplía los requisitos legales por lo que habrá que “reajustar el sistema de acceso por promoción interna de la OPE”.
Bellón ha avanzado que habrá que modificar el proceso de selección que se llevará a cabo en septiembre pues las plazas que estaban reservadas para promoción interna se van a incorporar al turno libre, por lo que serán 12 plazas de acceso libre.
