El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, ha considerado que alcanzar en España un consenso sobre el agua y establecer un pacto de Estado en esta materia es «inaplazable», al tiempo que ha remarcado que, como se ha constatado tras la trágica dana, «las infraestructuras hidráulicas salvan vidas y bienes».
Así lo ha manifestado Carrillo durante su intervención en la jornada ‘DANA 2024; La Ingeniería y Arquitectura puestas al límite’, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunidad Valenciana y que se desarrolla este lunes en València.
El máximo responsable de la entidad colegial ha abogado por hacer «un análisis con luces largas y prevención estratégica ante nuevas riadas», ya que «en pleno siglo XXI, en un país desarrollado como España y de referencia en Europa en muchos ámbitos, no podemos aceptar que no se tengan en consideración las indicaciones técnicas y que, como consecuencia de no llevarlas adelante, se pueda producir una tragedia humana y material de la magnitud que ha tenido» la barrancada del 29 de octubre.
Ha subrayado que es «fundamental activar con urgencia un Pacto de Estado sobre el agua» con la intervención de las administraciones e instituciones nacionales, autonómicas, provinciales y locales. «Creemos que es inaplazable un consenso sobre el agua donde las soluciones técnicas propuestas por los ingenieros de caminos mejoren la eficacia y tengan el respaldo de las decisiones políticas», ha reiterado.
«Nuestro país necesita y merece un consenso sobre el agua que garantice la ejecución de las inversiones recogidas en los planes hidrológicos y en los de defensa de avenidas de las cuencas hidrográficas», ha insistido.
Desde el colegio se muestran convencidos de que «las consecuencias humanas y materiales de esta trágica dana podrían haberse reducido si se hubieran construido las infraestructuras hidráulicas que estaban proyectadas».
La ciudadanía desde luego debe interiorizar y no llevarse a engaño: si un cauce, barranco o rambla tiene la capacidad de desaguar un caudal máximo determinado, la única manera de evitar inundaciones ante una gran riada es construir infraestructuras hidráulicas como las presas y azudes para laminarla, es decir, para que a ese cauce le llegue menos agua de manera instantánea y en los casos necesarios, cuando el agua que después llega al cauce sea superior al que pueda desaguar, también deberíamos disponer de cauces artificiales que canalicen ese agua excedentaria».
Desde el colegio proponen realizar un conjunto de actuaciones e inversiones «imprescindibles» en la cuenca del Júcar, en el ámbito para la regulación de recursos hidráulicos, plantas y redes de abastecimiento, tratamiento y depuración, plantas de gestión de residuos urbanos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como en la puesta en marcha de sistemas de comunicación avanzados que no dejen de funcionar en situaciones de emergencia.
En este sentido, ha aludido a que Seopan elaboró una estimación presupuestaria –que apoya el colegio– y que indica que todas las obras planificadas entre 2022 y 2027 en la cuenca del Júcar requieren una inversión de 3.170 millones de euros.
Carrillo también ha lanzado la idea de que «se habrían reducido las pérdidas humanas que ha causado esta devastación si se hubiesen atendido las recomendaciones técnicas, entre las que figura la imprescindible limpieza de los cauces, que ha sido insuficiente».
En este punto, ha comentado que la gestión realizada sobre los cauces se ha podido ver «lastrada» por la imposición de unas consideraciones derivadas de una interpretación de la Directiva 2007-60 de la Comunidad Europea, con la que se han priorizado estrategias de prevención y restauración ambiental, dejando en un segundo plano medidas estructurales que sí consideraban los aspectos hidráulicos.
En materia hidráulica, el colegio reivindica que el único técnico competente en materia de seguridad de las presas tiene que ser un ingeniero de caminos para garantizar el correcto funcionamiento de estas infraestructuras, por lo que esperan que así se recoja en el Real Decreto que se está elaborando.
Una de sus peticiones es la incorporación de los ingenieros de caminos municipales en todos los municipios. «Creemos que es necesario para que contribuyan, entre otras aportaciones, a plantear soluciones técnicas en zonas de riesgo de inundación». Y otra reclamación que reiteran, tras esta dana, es que «es necesario que los gobiernos nacionales, autonómicos y locales preserven las competencias de los ingenieros de caminos en la planificación hidrológica».
«Es imprescindible que nos permitan liderar la gestión de las inversiones en infraestructuras hidráulicas desde puestos de trabajo de máxima responsabilidad en las distintas administraciones», sostienen.
Además, creen necesario revisar los sistemas automáticos de información hidrológica del Júcar y apuestan por una revisión del protocolo actual que determine la activación de la emergencia nacional a través de parámetros específicos y objetivos.
