Los inspectores de juego y apuestas de la región tendrán la consideración de agentes de la autoridad

Lanza Toledo
Nacho Hernando este martes en rueda de prensa

Nacho Hernando este martes en rueda de prensa

Así ha respondido el portavoz del Gobierno regional preguntado por el proceso de primarias abierto en el PP. Hernando ha dicho que la cosa se está poniendo "interesante". "Parece que el PP se ha animado y ha cogido gustillo a las primarias, con tanto que las criticaron", ha ironizado.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto por el que se regulan las facultades de los inspectores de juego y apuestas en la región, atribuyéndoles consideración de agentes de la autoridad.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana en el Consejo de Gobierno.

“Es una nueva normativa que responde al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de poner más recursos que garanticen la defensa del orden público y la salud pública de las personas en la región”, ha explicado.

Una defensa que se ha tenido que fortalecer –ha manifestado– ante el incremento del número de locales de juego y la irrupción de las nuevas tecnologías en este tipo de actividades.

Las funciones de inspección y de control que se establecen en este reglamento van a ser ejercidas por un cuerpo de funcionarios habilitados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este cuerpo, del que se han creado recientemente dos plazas de inspectores, va a colaborar también con la Administración del Estado.

Estos inspectores, entre otras decisiones, podrán poner infracciones recogidas en la Ley del Juego y las Apuestas de Castilla-La Mancha que prevé multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, de 3.000 a 6.000 para infracciones calificadas como graves y de 6.000 a 600.000 euros para las infracciones muy graves.

También esta ley contempla la suspensión temporal de la autorización concedida, el cierre del local o la inhabilitación del titular por un período máximo de un año.