Según el documento «España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo», elaborado por el Ministerio de la Presidencia, se estima que, de aquí a mediados de siglo, «la población española de entre 16 y 64 años podría reducirse en 3,7 millones, situándose por debajo de los 27 millones» y volver a niveles de 1996.
A ello se suma que, según la OCDE, los ingresos medios de las personas mayores han crecido a una mayor ratio que los del resto de la población, algo que se explica en gran medida debido a que el gasto en pensiones por jubilado ha aumentado a un ritmo mucho mayor que el salario medio.
Asimismo, la organización considera que las condiciones para obtener una pensión completa de jubilación en España son «laxas» en comparación con otros países, dado que en 2027 un trabajador se puede retirar a los 65 años con una pensión completa si ha cotizado 38,5 años, mientras que en Francia hacen falta 43 años y en Alemania son necesarios 45, por ejemplo.
Entre los sistemas de pensiones que cuentan con algunos elementos que «pueden servir de ejemplo para mejorar y actualizar» el modelo español, según EFPA, se encuentra el de Reino Unido.
La asociación explica que el modelo de Reino Unido cuenta con tres niveles de prestación y que se caracteriza por la «flexibilidad» y la «diversificación».
En el primer nivel hay una pensión básica estatal para los que hayan contribuido un número mínimo de años; en el segundo figura una pensión complementaria en función de la renta y de carácter contributivo y, por último, está la denominada ‘pension credit’, también de carácter contributivo y que supone un beneficio semanal libre de impuestos para personas con rentas bajas y que tiene carácter asistencial.
En el modelo sueco, «que ha sido el más citado por los expertos como sistema a imitar», señala EFPA, el primer pilar es la pensión pública, financiada por las aportaciones de empresa y trabajador y que en total suma el 18,5% de su salario bruto. El 16% se va acumulando en una cuenta individual virtual y el 2,5% restante se asigna a un fondo de pensiones de gestión privada que elige el trabajador.
El segundo aspecto destacado del modelo sueco es que «más del 90%» de los trabajadores son partícipes de algún plan de pensiones de empleo, cuya estructura y condiciones dependen de la «negociación colectiva entre sindicatos y organizaciones empresariales», detalla EFPA.
Uno de los sistemas más mencionados en España es la conocida como ‘mochila austriaca’, la cual ha puesto sobre el tapete en varias ocasiones el propio líder del PP, Pablo Casado.
Este modelo se basa en la aportación de las compañías de un monto deducido del salario bruto del trabajador a un fondo de capitalización, el cual es gestionado por fondos de carácter privado con la autorización del Gobierno.
La EFPA detalla que la contribución al empleado por parte de la empresa es del 1,53% de su salario bruto, un monto que se acumula en cuenta, está exento de impuestos y del que el beneficiario puede hacer uso en caso de despido -«por lo que no siempre cubre la necesidad de ahorro para la jubilación», matiza la asociación-, como complemento a su pensión o al finalizar la vida laboral.
En el caso de Canadá se basa en un sistema dual con una cuantía de base fija a la que se suma el porcentaje del capital obtenido por el trabajador durante su vida laboral. «La principal característica del sistema de ingresos es que incluyen acuerdos obligatorios y voluntarios, en los que participan tanto particulares como el Estado, sindicatos y empresarios», detalla la EFPA.
En el esquema canadiense se dan tres tipos de prestaciones: uno al que se cotiza mientras se trabaja y que garantiza posteriormente un ingreso mensual durante la jubilación, otro financiado por el Estado, y un tercero que complementa a este último con una prestación adicional no imponible.
Otro de los modelos que menciona la organización es el de los Países Bajos, donde los jubilados reciben, aproximadamente, el 50% del ingreso del sistema público y un 30% de los sistemas de empresa. Para poder acceder a este sistema, se debe haber vivido en el país entre los 15 y los 65 años y haber cotizado durante ese periodo.
