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Los presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo 2018 superan por vez primera, y desde el año 2010, los 9.000 millones de euros, hasta llegar a los 9.219. El Gobierno regional tendrá así 278,1 millones de euros más para gastar que en el actual ejercicio, aumentando por ello la partida destinada al Plan de Garantías Ciudadanas, marca Podemos, hasta los 143 millones –23 millones más que en el presente ejercicio–.
Si la partida para la Garantía Habitacional de dicho plan alcanza los 16,1 millones, habrá un millón de euros para los suministros básicos del hogar y 125 para la Garantía de rentas. En cuanto al reparto, dentro del Plan de Garantía el empleo percibirá 84,6 millones, los Servicios Sociales 29,9 millones, Vivienda 17,2, Educación 11 e Igualdad 0,3 millones.
Las cuentas para la próxima anualidad recogen de igual modo otros 86,8 millones de euros para el nuevo Plan Extraordinario de Empleo, creciendo esta partida en un 4,8 por ciento, según ha avanzado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha dado cuenta del proyecto de ley, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.
Por secciones, el Sescam acapara la mayor partida de esos 9.219,1 totales, con los 2.715,6 millones –76 más que en el presente ejercicio–, seguida de Educación, Cultura y Deporte, que gestionará 1.715,3 millones –74,8 millones más–, y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que percibe 1.412, 10,7 millones más que este 2017. Bienestar Social gastará 700,5 millones –subiendo 22,1– Fomento 281,2 –18,1 más que este año–, Economía, Empresas y Empleo 274,4 millones –18,1 más–, Sanidad 91,2 millones –1,8 más– y Hacienda y Administraciones Públicas 82,9 –aumentando tan solo 600.000 euros respecto al presupuesto actual–.
Mientras, Presidencia de la Junta asume un gasto de 58 millones –1,3 millones más– y el Instituto de la Mujer tiene presupuestado 18,1 millones –600.000 euros más– .
SUBE EN 105 MILLONES EL GASTO DE PERSONAL
Ruiz Molina, que ha señalado que en el capítulo el gastos, el de personal es el más elevado, ascendiendo a 3.120,3 –105,4 millones más que este año a fin de hacer frente, entre otras cuestiones, a las nuevas contrataciones– y que las inversiones crecen 21,1 millones hasta llegar a los 195,9 millones, ha indicado que destinarán 1.808 millones a deuda pública, –52,6 más que en el presente ejercicio–.
De ellos, 1.374 millones son para hacer frente a vencimientos de préstamos suscritos en la pasada legislatura. “Se endeudaron mucho y a corto”, ha reprochado el consejero al Ejecutivo ‘popular’ anterior. Así las cosas, ha destacado que el límite de gasto no financiero, el que repercute directamente en los ciudadanos de la región, asciende a 7.609 millones de euros, 203 millones más que en el presente ejercicio, lo que supone el 70,3 por ciento del total. De ellos, 5.197 millones son para gasto social, 176,9 millones más que este 2017 –sube un 3,5% respecto al actual–.
Según Ruiz Molina, con ese incremento de 173 millones se pretende hacer frente al pago del profesorado interinos en verano –sólo los que estén en vacante el 1 de septiembre–, a la reducción de horas lectivas, y a la financiación de las universidades públicas. En el caso de la UCLM, se incrementa en más de un 3,7 por ciento respecto de la anterior nominativa por los programas de investigación.
Luego de precisar que las cuentas del 2018 incluyen como novedad la incorporación del 1% cultural, en virtud del cual se destinarán más de 1,2 millones a actividades de carácter cultural –que se quita al resto de consejerías– ha citado la inclusión de la prestación farmacéutica para los menores con discapacidad, el plan de renovación tecnológica, con 18 nuevos equipamientos o dar continuidad a las infraestructuras hospitalarias e impulsar las obras de los centros de Atención Primaria, como avance en materia de sanidad.
Mientras, en Bienestar Social se aumenta la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad y a las residencias para mayores y personas con discapacidad, el termalismo social –pasando de 3.500 a 5.000 plazas– y el terapéutico, habrá más recursos para la ayuda a domicilio y teleasistencia y para el transporte social destinado a personas mayores. Así las cosas, con las cuentas de este 2018 el Ejecutivo autonómico pretende recuperar el 1,5 por ciento salarial pendiente, de la denominada ‘tasa Cospedal’. De hecho, los empleados públicos de la región cobrarán en la nómina de este mes de octubre el otro 1,5 por ciento. Ruiz Molina ha hablado también de las nuevas ofertas de empleo público que el Gobierno tiene previsto convocar –hasta las 10.158 plazas como avanzó el presidente, Emiliano García-Page, durante el pasado Debate del Estado de la Región–.
CRECEN LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES
Dicho esto, el consejero ha hecho un inciso para explicar, que las infraestructuras de carácter social crecen para 2018 13,5 millones de euros respecto a las cuentas en vigor y alcanzan los 90,5 millones: las de servicios sociales alcanzan ocho millones 2,9 más–, las de educación, cultura y deportes llegan a 27,8 millones –suben 1,7 millones– y las de sanidad llegan a los 54,4 -8,9 millones más que en este ejercicio.
En cuanto a los recursos para el desarrollo económico y la creación de empleo, ha apuntado que suben un 6,1 por ciento, de tal modo que para el impulso al crecimiento y al desarrollo del mundo rural se destinarán 277 millones (+15,9), para el Plan Adelante 55,4 millones (+3,4%), para el nuevo Plan de Empleo 86,8 millones (4,8%) y para el fomento de I+D+i 111 millones, 3,7%. Con estas partidas el Ejecutivo de García-Page y Podemos pretende acometer el proyecto de Red de Hospederías, un nuevo plan de Vivienda, potenciar la tarifa descuento para jóvenes en el transporte público o llevar a cabo el III Plan de Formación Profesional.
En cuanto a capítulo de Ingresos, el total de los no financieros será de 7.299 –259,3 millones de euros más– y lo que aportarán las tasas y precios públicos a las arcas regionales llega a los 203,8 millones, 4,8 menos que en este ejercicio.
CUENTAS “PACTADAS” CON PODEMOS
El responsable de las cuentas regionales, que ha avanzado que este miércoles la consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, dará cuenta del mismo, ha destacado que este proyecto de presupuestos se ha realizado “desde el diálogo social”, “pactado con Podemos, que forma parte del Ejecutivo autonómico, y “tiene todos los mimbres para entrar en vigor el 1 de enero de 2018”.
Y es que el titular regional de Hacienda ha justificado el retraso en la presentación de las cuentas –de forma tradicional se presentan el 1 de octubre– a la presentación de los nacionales. “Visto que el Gobierno nacional ha optado por prórroga, hemos decidido tirar para delante porque lo importante es tenerlos en vigor el 1 de enero”, ha afirmado.
Los objetivos de las cuentas, ha relatado Ruiz Molina, pasan por avanzar “con firmeza” en el estado de bienestar con más recursos, empleo público y mayor inversión en infraestructuras públicas; “afianzar la prosperidad económica de la región”, favoreciendo una mayor inversión empresarial; así como cumplir “con rigor” las cuentas públicas, con solvencia financiera, eficiencia en el gasto administrativo y congelación fiscal por segundo año.
El responsable de las finanzas regionales ha finalizado destacando que en tres años, el presupuesto del Gobierno regional se ha incrementado en 1.012,7 millones de euros –pasando de 8.206 del 2015 a los 9.219,1 millones para 2018–, y que el 80 por ciento de los nuevos recursos se han destinado a gasto de carácter social y económico.
