La reforma de la Política Agraria Común (2023-2027) ratificada este lunes por el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha tenido diferentes lecturas. Para las administraciones será “más justa, más sostenible e igualitaria”, mientras que para los productores recortará la rentabilidad de explotaciones y cultivos.
Es la línea argumental que han defendido portavoces de organizaciones profesionales de agricultores (OPAs) de Castilla-La Mancha en las últimas horas, a preguntas de El Campo. Consideran que los alrededor de 120.000 agricultores y ganaderos de la región (unos 30.000 en Ciudad Real) perderán competitividad ante la prioridad que el marco europeo da al interés verde, frente a la menor apuesta por mecanismos que garanticen precios justos en origen.
Piden medidas para rentabilizar su actividad a través del mercado y no por las ayudas (unos 600 millones en la región), denuncian que la convergencia interna sólo se haya quedado en el 85%, y esperan que el plan estratégico nacional dentro del nuevo modelo de gestión) pendiente de cerrar antes del 31 de diciembre cuente con su participación.
PAC medioambientalista
Arturo Serano, secretario técnico de Asaja en la región, desaprueba las altas exigencias verdes, que “complicará la gestión” a los productores y “traerá consecuencias”.
“Por primera vez, el agricultor y ganadero salen del eje de las políticas del campo en una PAC medioambientalista”, remarca. Lamenta que Bruselas “haya claudicado” a los ecologistas, a pesar “del riguroso cumplimiento de las más estrictas prácticas agrarias por parte de agricultores europeos” a la hora de poner los productos en el mercado.
Esta apuesta hará, a juicio de este portavoz de Asaja CLM, “que haya una pérdida de producción en las explotaciones”. Tan sólo hay que hacer cuentas: “si los ecoesquemas se llevan el 25 % de las ayudas de la PAC, y éstas representan un 30% de la renta media, nos arriesgamos a que haya agricultores que no puedan cumplir los requisitos y se queden sin ganancias”.
Respecto a la convergencia, Serrano remarca que el ‘capping (tope máximo de ayuda) se ha quedado en un nivel insuficiente (85% de degresividad), y provocará que “siga habiendo disparidad entre las percepciones de los agricultores, dependiendo donde vivan”.
En su opinión, la intención del Ministerio de Agricultura es favorecer a los productores andaluces, que sólo perderán el 7%, y mantener las prerrogativas de los titulares de las grandes explotaciones, “algunos de mi propia organización”.
“Establecer 18 regiones es una barbaridad”, sostiene, frente “a la única que tienen Italia o Francia o las dos de Alemania”.
Sobre la promoción de ayudas a los jóvenes con el 3% del primer pilar, Serrano cuestiona el propio modelo, donde los más mayores “no pueden jubilarse porque no pueden vivir con 800 euros”, y las tierras “tienen un precio”. Además, el apoyo a las pequeñas explotaciones “no es la solución” pues se confronta con el estándar europeo de negocios con una dimensión suficiente “para ser profesionales y vivir de la actividad agraria o ganadera”.
En la misma línea, las medidas de discriminación positiva hacia la mujer serán, a su juicio, poco efectivas. Para Serrano, el cambio de titularidad a las mujeres que se dedican a otra labor profesional podría “ser ficticia”.
Respecto a los programas sectoriales, como el del vino, el aceite o la leche, Serrano aprecia algunas deficiencias. En general, las campañas de promoción, apunta, no tiene efectos directos en la subida de precios del sector.
El desarrollo rural es otro aspecto a revisar porque hay una gran inversión “que no está rastreada”.
Poco apoyo a los profesionales del campo
También en negativo, Ángel Galve, secretario regional de COAG, asegura que la reforma de la PAC 2023-2027 no responde a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones, mayoritarias en Castilla-La Mancha.
“No nos parece bien”, señala a El Campo, en línea con la valoración que ha hecho su organización, dado que “va a favorecer muy poco a los profesionales del campo”. El colectivo primario, a su juicio, necesita “una defensa de los intereses”, que no son otros que aquellos mecanismos que favorecen la venta “justa” de sus productos.
También alerta de los efectos ya palpables de la “desregulación de mercados” y de “una mayor volatilidad de los precios”, pues impiden tener rentabilidad a agricultores y ganaderos.
“No puede ser que los precios en origen sigan como hace 30 o 40 años”, frente a los “que pagamos por las piezas de los tractores o los abonos”, protesta Galve, para preguntarse sobre el verdadero papel dela PAC. En su opinión, se debe a que el modelo profesional agrario ha permitido erróneamente “el aumento de los costes de producción y el recrecimiento de la competencia desleal de terceros países”.
“Han presumido mucho del programa de ‘La huerta a la mesa’, pero de qué huerta”, se pregunta retóricamente, para responderse que “de la huerta de Brasil, EEUU o Canadá a las mesas de Europa y España”.
En conjunto, Galve ve negativa la PAC para los productores castellano-manchegos y españoles, por los numerosos requisitos que han de cumplir para recibir las ayudas y las compensaciones económicas condicionadas. Según COAG, “los verdaderos profesionales no tendrán prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC”, dado que prevén que haya “un trasvase a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias”.
También cuestionan que se dedique un 25% de las ayudas del primer pilar (ayudas directas) a los ecoesquemas y piden que la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria se vincule con la sostenibilidad económica y social.
Así, se muestra de acuerdo con volver salir a la calle para protagonizar movilizaciones, aunque sólo si hay “unidad de acción”. “Salir cada organización por un lado no es bueno y confunde a la opinión pública”, sostiene, antes de no descartar alguna reacción. “Vamos a esperar unos días”, sostiene, teniendo en cuenta el tiempo de recolecciones.
COAG también afea a Europa que “dé la espalda a garantizar más que nunca la seguridad alimentaria, la resilencia y la soberanía alimentaria”, que se ha hecho primordial con la pandemia del coronavirus.
Sector indefenso
En la misma línea que otras organizaciones, desde Unión de Uniones opinan que “las rentas de los profesionales del sector agrario deben venir de mecanismos de mercado”. Es un ámbito “en el que no han hecho ninguna reforma en profundidad”, con lo que el sector, a su juicio, “seguirá tan indefenso como hasta ahora ante la volatilidad de los precios agrícolas”.
La organización también critica la inclusión de la condicionalidad social en la PAC de forma obligatoria a partir de 2025 que solo aportará más complejidad burocrática al sistema.
Asimismo, en cuanto a las ayudas, la entidad estima que se confirmará para España una reducción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027) de las ayudas directas, lo que significará un recorte directa de unos 523 millones de euros entre 2021 y 2027. Adicionalmente, advierte, habrá una reducción del 1,85% de estas ayudas para alimentar la reserva de crisis, “la que ya no devolverá los fondos cuando no se utilicen (90 millones de euros anuales 2023-2027).
Denuncia, igualmente, la competencia “en inferioridad de condiciones de los agricultores europeos con terceros países”.
