En un comunicado aprobado por el Pleno de la comisión sectorial Crue-I+D+i, presidido por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, e integrada por los vicerrectores de Investigación y Tranferencia de 76 universidades, la institución alerta de que las universidades, beneficiarias de estos fondos europeos, «están viviendo con verdadera preocupación cómo la indefinición de las obligaciones procedimentales en la gestión y seguimiento de los fondos europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y en concreto, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), puede poner en peligro la ejecución de los proyectos».
Asimismo, sostiene que la información recibida, «frecuentemente sobrevenida, junto a la falta de coordinación desde los diferentes órganos financiadores del Gobierno, amenazan la ejecución correcta de los fondos».
«A ello también contribuyen las dudas, puestas de manifiesto por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, sobre la interpretación de sus propias instrucciones, en las que, no deja claro el objeto de aplicación de las obligaciones», según asegura CRUE I+D+i.
También señalan que el uso de las aplicaciones informáticas, CoFFEE o Minerva, que no están plenamente implementadas, supone una «sobrecarga» en la gestión y justificación de las ayudas que está excediendo la capacidad de las universidades.
Para los responsables de Investigación y Transferencia universitarios, «esta situación de incertidumbre provoca que la percepción del riesgo de pérdida de los fondos paralice los proyectos financiados».
Por ello, reclaman «la perentoria reducción de la burocracia y la eliminación de las duplicidades en los procesos, dejando un solo sistema de información que pueda servir para la justificación de los fondos ejecutados, evitando así el colapso absolutamente predecible y de consecuencias nefastas en la gestión de estos fondos».
Falta de cobertura de los costes
Otra cuestión que, a juicio de esta sectorial, dificulta el desarrollo de la actividad de investigación, es la «falta de cobertura completa» de los costes de alojamiento y manutención en los desplazamientos que el personal investigador realiza en el desarrollo de sus proyectos financiados en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
«Las cuantías fijadas hace 21 años son claramente insuficientes y alejadas del coste real, provocando una situación en la que el personal investigador debe asumir parte de los costes derivados de la realización de su trabajo», sostiene CRUE I+D+i, que reclama una solución urgente «que permita mejorar la competitividad del sistema español de Ciencia, mediante la actualización de los importes o la desvinculación de los costes de alojamiento y manutención de las referencias de la administración general».
«A pesar de este escenario, las universidades seguimos comprometidas con la generación de conocimiento y su impacto económico, social y medioambiental, respondiendo a los retos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía», concluye el texto.
