«Crue deseaba que ese texto sufriera escasas modificaciones durante su tramitación parlamentaria y que, en todo caso, hubieran sido consultadas con la comunidad universitaria», señala en un comunicado.
El texto definitivo permite que cada comunidad autónoma y cada universidad pueda aplicar unas reglas distintas, algo que, según ha denunciado Crue en varias ocasiones, genera «incertidumbre» e «inseguridad jurídica» en las comunidades universitarias.
«La Ley de Convivencia, al igual que el Código Civil o el Código Penal, debería ser la misma para todo el Estado, tal y como Crue acordó con las principales organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Universidades», opina la asociación que agrupa a los rectores, que también asegura que trabajará para que las universidades cuenten finalmente con buenas normas y herramientas para regular la convivencia en sus campus.
