Los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha están ya preparando la demanda que este Ejecutivo va a presentar al Gobierno de España para que se cumpla la disposición establecida en el Real Decreto de aprobación de la planificación hidrológica de las confederaciones, a la hora de adaptar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
«En el momento en que esté disponible» se presentará, ha avanzado este martes a preguntas de los medios la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien no ha concretado si esa demanda, cuya presentación tendrá que aprobarse por Consejo de Gobierno, estará lista a lo largo del mes de enero.
Ha recordado al respecto que, en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, el Gobierno de España dijo que iba a esperar a una sentencia pendiente del Tribunal Supremo en relación a una demanda del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), y «en función de lo que saliese» tomaría la decisión que considerase oportuna.
Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha les ha comunicado que no es necesario tener que esperar a dicha sentencia para adoptar una decisión, ya que «hay otras resoluciones judiciales que avalan no solo los criterios establecidos en la planificación hidrológica» de la cuenta del Tajo y otras «que incluso avalan que se tiene que ir a máximos» no solo en la progresión de la planificación 2025-2027 sino a lo que taba estipulado pensando en las zonas de la Red Natura 2000 de la región, que están viéndose afectadas por la falta de caudales ecológicos, como ha ocurrido con el río Tajo a su paso por Toledo.
En este punto, ha avanzado que el Ejecutivo regional sigue pendiente de mantener un encuentro con la Vicepresidencia Tercera y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno central para articular las medidas necesarias a llevar a cabo, teniendo en cuenta que desde el Gobierno castellanomanchego se han presentado hasta dos propuestas técnicas «para ayudar al Estado a tomar una decisión».
Además, Mercedes Gómez ha adelantado que este mismo miércoles se reunirá la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura para previsiblemente aprobar un nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos de agua correspondiente a tres meses, para el que se aplicará la regla de normalidad, por la situación del agua embalsada y las precipitaciones en Entrepeñas y Buendía.
Algo que, «teniendo todavía 64 hm3 pendientes de trasvasar del año hidrológico anterior» no cumple, desde el punto de vista del Ejecutivo autonómico, con lo que debería de ser esa disposición de la normativa de aprobación de la planificación hidrológica.
