Un grupo de técnicos administrativos, directores gestores de Formación Profesional para el Empleo de toda Castilla-La Mancha, la mayoría mujeres de más de 50 años, muestran su preocupación por el cambio en la consideración de su perfil en la nueva ordende la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y exigen “la inmediata modificación de la convocatoria” y que “se restituya» su figura como «personal esencial».
En una nota, lamentan la rebaja de categoría (de nivel 20 a nivel C2) que han sufrido y que su figura se considere “innecesaria y accesoria», tal y como recoge, según señalan, el preámbulo de la Orden 189/2024, de 7 de noviembre, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa Talleres+.
Entre las reivindicaciones que plasman en un documento que han enviado a la directora general de Formación Profesional para el Ámbito Laboral (FPE) del Gobierno regional, Marta Roldán, “hasta ahora, las órdenes de convocatorias recogían la figura del técnico-administrativo, anteriormente directores/coordinadores de talleres de empleo, con funciones claras y definidas, como la representación, supervisión, gestión administrativa y económica, y coordinación del proceso, la responsabilidad sobre los programas de recualificación y reciclaje profesional, la docencia o la orientación laboral y acompañamiento del alumnado.
“Éramos considerados, agregan, recursos humanos altamente cualificados durante muchos años, con categoría profesional reconocida (Grupo A, subgrupo A2, nivel 20), formados autodidácticamente en el manejo de la plataforma FOCO y con titulaciones superiores exigidas en convocatorias (Licenciatura/Grado/Ingeniería)”.
Por el contrario, en esta última orden, “nos degradan al nivel C2, asimilándonos a meros auxiliares administrativos” y perjudica a un colectivo en el que “la mayoría somos mujeres, mayores de 50 años, con cargas familiares, en puertas de jubilación o jóvenes con reciente acceso al mercado laboral”.
En otro momento, señalan que “estos programas quedan desvirtuados y nada tienen que ver con los de Formación Profesional para el Empleo, pasando a ser planes de empleo encubiertos, encaminados a su desaparición, una estrategia con intereses meramente políticos”.
Las consecuencias, a juicio de los afectados, es la pérdida de calidad en los proyectos, por la ausencia de una figura profesional responsable de la coordinación; una mayor carga para los ayuntamientos (tendrán que asumir funciones técnicas y administrativas), un menor apoyo al alumnado-trabajador y dificultades para encontrar docentes cualificados.
Por todo ello, exigen “la inmediata modificación de la convocatoria” y que “se restituya la figura del técnico-administrativo como personal esencial, de categoría profesional acorde, para asegurar la calidad y eficacia de los programas Talleres+”.
También piden ser escuchados y que tengan en cuentan sus sugerencias, dado que, en su opinión, “la modificación de la orden refleja un desconocimiento total de la operativa de los programas de formación y empleo”. Porque “no se trata de “formación profesional educativa, sino un sistema mixto con objetivos laborales, donde la experiencia práctica y la coordinación son claves”.