El Gobierno regional quiere que el Consejo Asesor Regional del Agua (CARA) elabore una propuesta «de unidad» frente a la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura que prepara desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
«Queremos conocer los números reales y las consecuencias que tendrán los caudales del plan de Tajo en los envíos desde la cabecera del Tajo al Levante», ha asegurado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que también es presidenta del CARA, un órgano consultivo en que participan comunidad científica, sociedad civil, organizaciones agrarias, regantes e instituciones.
«El Ejecutivo de Sánchez ya las modificó sin escuchar a la Región en 2021 y no queremos que suceda lo mismo. Por eso, en este órgano se abrirá un debate, que esperamos sea constructivo, para evaluar el impacto», ha asegurado Rubira.
El pasado año hidrológico, según datos del Ministerio, se trasvasaron 218 hectómetros cúbicos, y los embalses de Entrepeñas y Buendía estuvieron durante cuatro meses en Nivel 2. De esa cantidad, 90 hectómetros cúbicos fueron para abastecimiento y el resto para regadío. La Cátedra del Tajo ha publicado su propuesta, y en ella se indica que, a partir de 2027, el caudal máximo trasvasable en Nivel 2 será de 11 hectómetros al mes.
«Si se imponen las tesis de Castilla-La Mancha, en un año en el que solo se esté en nivel 2, a partir de 2027, no llegarían más de 132 hectómetros. Tras descontar los caudales para abastecimiento, los regadíos del Trasvase sólo tendrían 42 hectómetros para todo el año, y eso es algo que no vamos a permitir», ha denunciado Rubira.
El director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, será el encargado de coordinar los trabajos para evaluar el impacto del Plan de Cuenca del río Tajo, y solicitará a Comunidad Valenciana y a Andalucía que participen en los mismos.
