El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, comparte «todas y cada una de las palabras» de condena del presidente de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, en las que calificada de «inadmisibles» las declaraciones del alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Sáiz, en las que afirmaba que la ministra de Igualdad, Irene Montero, «tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas», pero ha preguntado al secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, si su partido va a abrir expediente a los nueve diputados nacionales que en el Congreso votaron a favor de la ley del ‘solo sí es sí’.
El líder del PP ha asegurado desde Guadalajara que él no comparte «ni las palabras, ni los términos, ni la actitud» el alcalde de Villar de Cañas, todo ello pese a creer que la ministra Montero «es censurable» desde el punto de vista político, aunque ha precisado que su censura se va a seguir realizando «desde la democracia y con votos».
«Ni comparto las palabras ni comparto la actitud, ni me parecen adecuadas ni apropiadas ni representan el sentir del PP», ha subrayado a la vez que ha instado a García-Page a decir si él va a abrir expediente informativo a sus diputados nacionales por haber votado a favor de la ley del ‘Solo sí es sí’, «a sabiendo lo que iba a pasar»; cree que sería bueno conocer su postura.
Y aunque ha precisado que el alcalde de Villar de Cañas pidió disculpas, «cómo no podía ser de otra manera y es lo que tenía que hacer «, ha insistido en que el PP, a petición de la formación en la provincia conquense, ya iniciaba ayer mismo la apertura de un expediente informativo que hoy «se pone en manos» del Comité de Derechos y Garantías para que este, «que es un órgano independiente dentro del partido», pueda tramitar dicho expediente, algo que cree que se iniciará en unos días.
En este sentido, ha ahondado que hoy mismo se iniciaran los trabajos para estudiar dicho expediente con el fin de concluirlos según marquen los estatutos y teniendo en cuenta la independencia del órgano que tiene que evaluar.
El presidente de los ‘populares’ ha afirmado que da por zanjada esta polémica desde el punto de vista político, recordando de nuevo que el PP ya actuó ayer condenando los hechos, «como no puede ser de otra manera», y reprobando esta actitud, e instando al Comité del Derecho de Derechos y Garantías del partido a que, con los estatutos en la mano, tramite el expediente informativo que se aperturará a lo largo del día de hoy y que concluirá en los términos en los que proceda.
Núñez ha afirmado que el PP ya ha demostrado con hechos «que es contundente» mientras se pregunta por qué los diputados del PSOE en la región votaron una ley a sabiendas de que iban a soltar a violadores y a abusadores sexuales de la cárcel y el sufrimiento y retroceso que iban a provocar en los derechos de las mujeres.
Sobre lo que ha omitido un pronunciamiento es sobre si el alcalde de Villar de Cañas debería dimitir por estos hechos y si esto debería anular su candidatura a la relección; el presidente de los populares en la región ha incidido en que el PP ya ha actuado «con contundencia» y que a partir de ahora hay que dejar al Comité de Garantías hacer su trabajo y adoptar la postura que considere. «Yo no voy a prejuzgar ni condicionar la actitud de un órgano que es independiente. Hemos hecho políticamente lo que teníamos que hacer y hay que dejar a los órganos del partido trabajar», ha subrayado.
En este sentido, ha precisado que el comité escuchará al alcalde, revisará la documentación, aplicará los estatutos y adoptará una decisión, sin precisar plazos para ello, aunque si ha matizado que en los próximos días se convocará el comité para iniciar los trabajos.
UN EXALCALDE VECINO Y CONDENADO SIGUE EJERCIENDO
Se da el caso de que José Luis Valladolid, quien fuera alcalde de Villares del Saz, a 10 kilómetros de Villar de Cañas, continúa ejerciendo como edil del Partido Popular en esa localidad según la web municipal, después de haber sido condenado a pagar 8.000 euros por llamar «puta barata podemita» a la portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre.
El fallo de un juzgado de Daimiel consideró que «la opinión vertida por el demandado fue constitutiva de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la actora».
