El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que en este primer trimestre se habrán puesto las bases para poder gestionar la disposición de suelo de cara a proyectar un total de 1.500 nuevas viviendas en la Comunidad Autónoma.
Así lo ha puesto de manifiesto ante la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en la colocación de la primera piedra de una nueva promoción de 124 viviendas en el polígono de Toledo, evento en el que ha aseverado que se trata de una parte de un todo que ascenderá en el caso de la ciudad de Toledo a un total de 526.
Además, se aprobará una normativa «clave», como es la de dotar a ayuntamientos pequeños sin medios humanos de la posibilidad de que tengan unas reglas del juego para no tener impedimentos a la hora de prestar suelo para construir vivienda.
En un acto como el de hoy hay «mensajes encerrados que son de interés público», toda vez que la vivienda «es un problema real que está ocasionando la mayor ansiedad en España».
Un problema para el que no valen las «herramientas» utilizadas en el año 90, donde se generó «una burbuja que no fue de por sí la causante de los problemas de la crisis».
García-Page cree «evidente» que ahora toca gestionar las políticas de vivienda de otro modo, acomodando los pasos a hitos como la eficiencia ambiental.
Este modelo industrializado como el que hoy se presenta «es clave» y supone «una revolución en la construcción», y aunque seguirá habiendo construcción tradicional, «tiene que ir creciendo rápidamente» este sector más industrializado.
Ha pedido asumir que «se necesita todo tipo de vivienda» para solucionar el problema, apelando en este punto al consenso político. «No se trata de estar de acuerdos todos en todo, sino tener claro en aquello en lo que podemos sumar. Hay espacio si no lo llenamos con telarañas ideológicas».
La vivienda «es un derecho», pero también «un bien de consumo» que mueve mucha industria, según su opinión, por lo que ha pedido no volcar la responsabilidad de la solución en lo público y no ver al privado como «un ogro».
«Esto no son viviendas sociales, son viviendas que contribuirán a bajar el precio del alquiler. En Toledo, a lo largo de la legislatura habrá 526, la mayor operación de construcción de vivienda. Un problema que se va a ver claramente resuelto, ojalá fuera un modelo a imitar como consecuencia de que la junta tiene suelo», ha sostenido.
Se ha comprometido a «tutelar y empujar» las políticas de vivienda, pero sin dejar de lado que «quien tienen que construir, son los constructores». «Nosotros no somos caseros, la administración demostró la inutilidad de serlo, y eso provoca guetos sociales», ha lamentado.
