El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Comunidad Autónoma está trabajando para estar en disposición de recurrir al Tribunal Constitucional el real decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados, que el pasado jueves fue convalidado en el Congreso de los Diputados.
Durante su intervención en el ciclo ‘Vecinos y amigos’ del Heraldo de Aragón, García-Page ha precisado que su Gobierno está pendiente de rematar un informe jurídico para poder dar el paso de recurrir este reparto, que ha tildado de «drama» y de «atropello lamentable».
«La ley que acaban de aprobar es una barbaridad para arreglar el problema de los menores», ha criticado el presidente regional, explicando que lo que se ha ratificado es una «treta» del Estado, que impone a las autonomías una idea de «solidaridad obligada», algo que suena a «cachondeo», porque la solidaridad no puede imponerse.
«Ahora nos aplican que tenemos que tener un cupo y llenarlo y no con los de Canarias sino con todos los que vayan quedando sobresaturados en el resto de España», ha lamentado García-Page.
Este acuerdo, fraguado en un clima de «inflamación dialéctica», según el presidente castellanomanchego, se traduce en que que «hay que repartirse a estos menores entre todos y permanentemente», sin «haber hablado con las autonomías, sin poner un euro el Estado», que «practica mucho la política esta de yo invito y tú pagas».
Dejando claro que la redistribución de menores desde Canarias y en parte algunas veces desde Andalucía «se ha ido llevando siempre por acuerdo», ha criticado que el problema no está en los menores, sino este radica en «los que usan a los niños para hacer política».
