El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado de plazo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta navidades para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y si esto no sucede ha dicho que su Gobierno pedirá «la ejecución de sentencias» al respecto.
«Nos hemos dado de plazo precisamente de aquí a navidades para intentar por las buenas y si no tendremos que acudir a la ejecución de sentencias, pero ya con exigencia de responsabilidades», ha indicado desde Palermo antes de participar en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea.
Ha apuntado que le consta que desde el Ministerio están trabajando con los documentos técnicos y que ha solicitado al Levante también aportaciones y participación. «Espero que la puedan hacer desde el punto de vista técnico y científico, no político», ha añadido.
«Nosotros hemos presentado un documento técnico y científico yo creo que inapelable, sobre todo para empujar y animar. Y si realmente siguen mirando para otro lado o siguen ganando tiempo al tiempo, nosotros ejerceremos acciones», ha manifestado.
Bajo su punto de vista, el agua y su gestión están cada día más presentes en los debates europeos. «Nosotros además como Castilla-La Mancha, lo incentivamos y lo promovemos de forma permanente y en el ámbito de las relaciones mediterráneas con mucho más motivo».
«La desalación es probablemente el único futuro para buena parte del Mediterráneo. De manera que lo que sucede en España es que durante muchísimo tiempo se ha preferido el agua regalada al agua desalada y multiplicar por 10 las expectativas de un agua escasísima, como es la del Tajo, y renunciar al agua desalada, que además se ha pagado con fondos europeos por cientos de millones de euros», ha argumentado.
No obstante, ha afirmado que «poco a poco» se va imponiendo un relato y una consigna «clara» en Europa como es «la del no a los trasvases» y la del uso razonable del agua y «el deber moral que tenemos de utilizar toda la tecnología a nuestro alcance».
PAC
También se ha referido a la Política Agraria Común (PAC) para indicar que la Asamblea Regional y Local Euromediterránea es un foro en el que se van a tomar decisiones de ampliación de los miembros y sobre la hoja de ruta de «todas las negociaciones» a lo largo del mandato de esta Comisión Europea.
Un mandato en el que, ha señalado, un «tema capital» va a ser el frente que está consiguiendo toda la Europa Mediterránea para defender la PAC porque «lo que está pasando en la Comisión Europea es, desde mi punto de vista, inexplicable».
«Si salió un mensaje claro de las urnas en las últimas elecciones europeas es precisamente consolidar y apuntalar las estrategias a favor del campo, incluso ponderar y proporcionar mejor los ritmos de la transición hacia la sostenibilidad. Y la defensa europea no justifica que nos quedemos indefensos en materia alimentaria», ha concluido.
INTERVENCIÓN PLENARIA
Ya en la asamblea, García-Page ha planteado tres premisas sobre la gobernanza del agua, arrancando con el hecho de que «hay que dejar claro que la prioridad es el abastecimiento de población», en un contexto donde el 90% del gasto del agua «tiene que ver con agricultura». «No puede haber un rincón en el Mediterráneo donde la gente no pueda beber».
En segundo lugar, ha pedido establecer «un calendario y una determinación clara de que la gestión del agua para el regadío tiene que tener condiciones de eficiencia», con riego sostenible gracias a la «tecnología» que ahora sobra para tal efecto.
Pide igualmente un calendario preciso para que esas condiciones de eficiencia sean una exigencia para poder conceder agua.
En tercer lugar, apunta que la gestión del agua no puede hacerse en unos territorios «a costa de no gestionarlo en territorios vecinos».
«Hay una falseda cuando se habla de excedentes. Nadie está dispuesto a reconocer excedentes. De lo que hay que hablar es de un criterio de que, compartir el agua, se tiene que hacer siempre sin perjuicio de los vecinos», ha dicho.
Y es que «se dan casos en España en el que la sobredimensión de gasto de agua para regadío» hace que incluso obligue a abastecerse a la población de la cuenca cedente con otras alternativas.
Por eso, ha pedido una estrategia europea donde rija la desalación. «Donde se pueda utilizar agua desalada, se tiene que utilizar. Hay tecnología que minimiza costes y daños ambientales, y en España no se utiliza toda la capacidad instalada», ha señalado.
A su juicio, «no se puede sobre explotar a los ríos», que tendrían que conservar caudales mínimos para evitar «contaminación». «No se puede jugar como si fuera una gran obra de fontanería con el agua teniendo agua para desalar», ha rematado.
