El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha enviado una carta personal a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, días después de afirmar que prohibiría la caza si de ella dependiera, misiva en la que tras mostrarse «sorprendido y preocupado» por este enunciado pone a disposición de la responsable ministerial la experiencia legislativa y negociadora de la Comunidad Autónoma que sirvió para sacar adelante la última ley que regula el sector.
En la carta, recogida por Europa Press, García-Page quiere expresar a Ribera la importancia «no sólo económica, sino además medioambiental que esta actividad tiene para el sostenimiento del Ecosistema en prácticamente toda Castilla-La Mancha, lo que incluye el mantenimiento de las poblaciones animales autóctonas, la cubierta vegetal y, también, el medio rural».
«Respetando profundamente tu posición personal al respecto, quiero recordarte nuestra posición en defensa de la actividad cinegética, regulada por Ley de Caza de Castilla-La Mancha que reconoce textualmente que se trata de una de las actividades en el ámbito rural más extendida en Castilla-La Mancha y su ejercicio tiene una notable incidencia en el medio rural, natural y social», indica García-Page, que añade que «el aprovechamiento cinegético supone, por otra parte, una fuente de recursos que contribuye al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales».
Se trata, tal y como indica el presidente autonómico, «de un sector que genera en Castilla-La Mancha 24.000 empleos al año, 10.000 de ellos directos, aporta más de 364 millones de euros al PIB regional y 8 millones de recaudación mediante tasas e impuestos», además de permitir la ordenación y protección del 88% de la superficie de la región a través de 106.000 licencias.
«En el mismo sentido me gustaría aclararte que nuestra Ley de Caza contó con un muy amplio respaldo, no sólo de los sectores económicos y sociales implicados, si no en gran medida también, por diversos colectivos ecologistas. De hecho pongo a tu disposición no solo el texto de nuestra normativa, si no la experiencia del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente en la negociación de una Ley que tenía como objetivo no solo proteger a un sector económico fundamental para la región, sino atender al mismo tiempo, otras sensibilidades de tipo más ambiental», argumenta García-Page.
