En una rueda de prensa desde Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha incidido en que el Gobierno acepte su propuesta de bajada de impuestos ante los efectos de la invasión de Ucrania, especialmente en el sector primario de la región, donde los efectos de ese conflicto van a ser «muy negativos» también en los consumidores.
Merino ha recordado que España es un país «deficitario» en cereales y Ucrania es «el principal proveedor de maíz del mercado español», y la invasión «cierra los mercados, sube las cotizaciones y va a generar una grave desestabilización del sector primario en España y en Castilla-La Mancha», que va a «tener verdaderos problemas en la consecución de materias primas para la alimentación de la ganadería».
«La situación requiere respuestas y conocimiento de la realidad, reconocer la situación y poner sobre la mesa respuestas, medidas y prevención de lo que ya está llegando y que va a llegar de manera más fuerte en los próximos días y meses», ha indicado la responsable del PP, que ha abundado en la necesidad de que el Ejecutivo regional acepte su propuesta de bajada de impuestos y el plan de ganadería «que se presentará en próximos días».
NÚÑEZ LO DEMANDA TAMBIÉN
De otro lado, el presidente del PP en la región, Paco Núñez, ha solicitado en Quer (Guadalajara) «una verdadera política de bajada de impuestos», para equiparar la región al resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP para ser capaces de eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar el impuesto de Patrimonio, el de Actos Jurídicos Documentados, bajar el de la renta una media de 2 puntos, y aumentar las bonificaciones.
Ha pedido a el presidente regional, Emiliano García-Page, que «no ponga en marcha la Ley de Aguas, aprobada por el socialismo recientemente en las Cortes Regionales, y que apueste por una verdadera política de bajada de impuestos en nuestra región».
En su visita a la empresa Factor 4 Solución SL, donde ha exigido a García-Page que no ponga en marcha el nuevo impuesto al consumo de agua porque en un momento como este de contexto internacional «no procede» que las empresas, las familias, las pymes y los autónomos tengan que soportar tanta carga fiscal.
