Proanimal acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de limitarse a “maquillar” Ley de Caza del PP

Aníbal B. C. Ciudad Real
Montería de caza mayor / Clara Manzano

Montería de caza mayor / Clara Manzano

En opinión de Proanimal, el Gobierno de Castilla-La Mancha "sabe que tiene competencia para regular las condiciones de ejercicio de la caza, puesto que dicha competencia viene contemplada en el Estatuto de Autonomía"

La Asociación Proanimal Castilla-La Mancha ha acusado hoy al Gobierno de García-Page de haberse “limitado a maquillar” la Ley de Caza que en su día aprobó el PP, “en lugar de proponer una gran reforma que ponga a la región al frente del progreso”.

En un comunicado, la asociación señala que el Ejecutivo regional demuestra así hacer “dejación de sus competencias en materia de regulación de la caza y de la protección de menores”, permitiendo que los menores, desde los 14 años, puedan cazar, amparándose en la normativa estatal que les permite el uso de armas para la caza.

Para este colectivo, esta decisión “supone un acto de cobardía” de la Junta de Comunidades, que se ampara en una norma estatal para seguir permitiendo que niños de 14 años “puedan empuñar armas y matar animales”.

En opinión de Proanimal, el Gobierno de Castilla-La Mancha “sabe que tiene competencia para regular las condiciones de ejercicio de la caza, puesto que dicha competencia viene contemplada en el Estatuto de Autonomía”.

Además, la asociación animalista argumenta que no entiende que, si el Gobierno regional se aparta de la normativa estatal en otras cuestiones, tales como la regulación sobre la prohibición del uso del calibre 22 en el ejercicio de la caza -uso permitido en la normativa estatal- no haga lo mismo y permita que niños de 14 años puedan cazar.

Con esta actitud, insiste Proanimal, la Junta “demuestra que quiere seguir manteniendo esta regulación arcaica, pero sin asumir su responsabilidad”, al tiempo que insiste en que “no es asumible en el siglo XXI que niños que no tienen capacidad legal para casi nada por sí mismos, sí puedan realizar una actividad tan peligrosa como cazar”.

Con ello, agrega la asociación, el Gobierno “desatiende la prevalencia del interés del menor, que nos legitima como Comunidad Autónoma a establecer un límite de edad para proteger su derecho a la vida, a su integridad física y moral ante una situación de riesgo objetivo”.

Por otro lado, critican que, en el proyecto de ley de Caza, se recoge la posibilidad de constituir cotos privados sin acreditar la titularidad de todos los terrenos incluidos en los mismos, lo que supone una apropiación de derechos ajenos, sin título alguno.

Y resaltan que, mención aparte, “merecen las granjas cinegéticas, que siguen regulándose de forma casi idéntica que en la Ley anterior”.

Para este colectivo, “son los cazadores los que generan el desequilibrio de las especies mediante este proceso de matar, soltar y volver a matar”.

Asimismo, resaltan que el proyecto de ley mantiene el límite de la superficie mínima de los cerramientos cinegéticos en 1.000 hectáreas, siendo que en otras comunidades autónomas como en Andalucía la superficie mínima permitida asciende a las 2.000 hectáreas.

Por todo ello, reclaman al Gobierno regional que abandone “su cobardía” frente al lobby cinegético y comience a regular leyes, “pensando en la sociedad en su conjunto, no sólo para contentar al sector de los cazadores”.

Finalmente, también piden al Ejecutivo autonómico que piense en el bienestar animal y que, de cara al proyecto de ley sobre Bienestar Animal, no excluya de la norma a los perros utilizados para la caza.