Durante el debate general sobre presión fiscal en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la portavoz de la formación naranja, Carmen Picazo, ha considerado que ha llegado el momento de “exigir la bajada de impuestos para todos los castellanomanchegos y no para unos pocos o algunos grupos o algunos autónomos sino para todos”.
“Exigimos que la clase media, históricamente maltratada por todos, comience a ser tratada con el respeto que se merece”, ha argumentado Picazo, que ha demandado una rebaja de impuestos “sin letra pequeña, sin trampas, sin las excepciones que carcomen sus leyes”, ha expresado citando la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Regionales que el Gobierno quiere “sacar adelante a todo correr” y “sin luz ni taquígrafos” y que ha considerado una “auténtica decepción”.
Carmen Picazo, tras desgranar las propuestas de su formación, ha pedido al Gobierno que trabaje por mejorar el sueldo medio en Castilla-La Mancha y por una armonización fiscal “pero a la baja”, convencida de que “si no cambian de mentalidad los castellanomanchegos lo vamos a tener más difícil y, además, vamos a ser menos libres”.
Desde el PP, la diputada Gema Guerrero, ha recordado que su partido lleva pidiendo una rebaja fiscal “desde el inicio de legislatura” y lo vuelve a hacer este jueves, cuando la región “registra el mayor incremento interanual de precios” de todo el país, con un 6,5%, y la situación de los autónomos y las pymes “es aún de asfixia”.
Según los cálculos que ha esgrimido, los españoles “soportamos un esfuerzo fiscal en torno a un 50% superior a los alemanes” y un ciudadano de la Comunidad Autónoma “tiene que trabajar mucho más para hacer frente al pago de sus impuestos”.
De ahí que Guerrero haya apostado por un “modelo económico y fiscal basado en la bajada de impuestos”, mostrando, además, su rechazo a la propuesta de armonización fiscal “que pretende imponer el Gobierno de España”, de la que el presidente regional es “uno de sus máximos defensores y valedores”.
Por su lado, el parlamentario del PSOE Ángel Tomás Godoy ha señalado que la bajada de impuestos lineal para todos “cobren lo cobren” que propone Ciudadanos “no es razonable”, subrayando que Castilla-La Mancha es la sexta Comunidad Autónoma que menos presión fiscal tiene, con un 29,35%.
Ha defendido que el Ejecutivo socialista ha defendido desde el principio de la legislatura apostar por una política fiscal progresiva, y a consecuencia de ello ha eliminado y aplicado exenciones a los impuestos, citando en este punto la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, “que premia fiscalmente a los que deciden quedarse a vivir en pueblos”.
Además, ha incidido en la armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas y ha contestado a la oposición que en este momento “la mejor medida para las pymes y la hostelería es la vacunación”.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado las peticiones de Cs y PP, asegurando que “el papel lo aguanta todo” incluso “la desaparición de todo el sistema impositivo”, aunque otra cosa es “que se pueda aceptar”.
RESOLUCIONES
En su resolución al debate –la única aprobada, con los votos en contra de Cs y PP– el PSOE pide al Ejecutivo regional que siga reclamando al Gobierno de España un sistema de financiación “justo y solidario” para todas las comunidades autónomas, y a todos los partidos políticos representados de las Cortes a mantener una unidad que permita conseguir un sistema de financiación justo para la región; y que le traslade la necesidad de modificar la legislación fiscal para armonizar la política fiscal en todo el territorio español.
La mejora de la Inspección Fiscal para luchar contra el fraude fiscal y que, dentro de la Unión Europea, se luche con determinación y contundencia contra la existencia de paraísos fiscales, son otras de las demandas al Gobierno central del PSOE que, por otro lado, valora positivamente el Anteproyecto de Ley de medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, una norma que elimina 19 tasas y un conjunto de deducciones fiscales con carácter progresivo y solidario.
Cs de su lado ha visto rechazada su resolución –con la abstención de los ‘populares’– en la que ha solicitado una rebaja de 0,65 puntos porcentuales en cada tramo de la escala autonómica aplicable a la base liquidable general del IRPF, la bonificación en un 99% de las donaciones y sucesiones de bienes y derechos entre cónyuges, descendientes y ascendientes; la reducción del actual tipo impositivo del 9% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La formación naranja también pedía que se reduzca el actual tipo impositivo del 1,5% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el caso de actos jurídicos documentados al tipo del 0,75%, en el caso de actos relativos a la adquisición de la primera vivienda habitual, y que el Gobierno regional introduzca nuevas deducciones autonómicas en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que reestructuren las tasas autonómicas en ese sentido.
El PP, que también ha visto rechazada su resolución –con los votos de la mayoría socialista y la abstención de Cs–, ha instado al Gobierno regional a realizar una bajada inmediata de la escala autonómica del IRPF, y a pasar, en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, de una tributación del 9 al 6% en la compra de vivienda habitual, y al 5% cuando la compra se realice en zonas poco pobladas; reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas al 4% para la adquisición de vivienda habitual por parte de familias numerosas; establecer una deducción en la cuota del 100 % correspondiente al gravamen gradual sobre actos jurídicos documentados y una bajada del 25% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el medio rural para la transmisión de negocios.
Entre otras, también demandaba en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establecer una bonificación del 99 por ciento de la cuota por adquisiciones, facilitar la sucesión de las empresas familiares, establecer nuevas bonificaciones en el Impuesto de Donaciones. Igualmente, se mostraban contrarios al Gobierno de España por subir la presión fiscal en 80.000 millones de euros, y rechazaban la propuesta de armonización fiscal que pretende imponer el Ejecutivo central.
