Hace un año, en noviembre de 2019, el Banco de España publicaba un informe en el que daba cuenta del dinero que se gastó en recuperar a la banca tras la crisis de 2008. Decía que el coste neto (dinero aportado una vez restado el recuperado y el que se prevé recuperar) de las ayudas que se concedió a las entidades intervenidas, se elevaba a 65.725 millones de euros, de los que 42.561 millones son los que puso el Estado con dinero de todos los españoles.
El órgano supervisor de nuestro sistema financiero estima que solo se recuperarán 14.785 millones, lo que se deduce que más de 50.000 millones, en la práctica, han sido a fondo perdido.
En aquel rescate, entre otras entidades, estaba la Caja de Castilla-La Mancha, presidida por el secretario de los socialistas castellano manchegos Juan Pedro Hernández Moltó. Una Caja que fue la primera en quebrar y que, solo del Fondo de Garantía de Depósitos, recibió 4.156 millones de euros, de los que solo se han recuperado 59, según ese mismo informe.
Los excesos de las entidades financieras, sobre todo de las cajas de ahorro, tuvimos que pagarlos todos los españoles. Hubo polémica, claro está, porque nunca se dirimieron las responsabilidades de cada mandatario, más allá de algunos pocos que fueron objetivo político, mediático y partidista.
Pero se evitó un corralito que hubiera dinamitado la economía, desmontando nuestro estado del bienestar. Hubo que hacerlo y se hizo.
Y ahora estamos ante una amenaza de un tamaño incalculable. Muchísimo más grave que la del 2008. Esta pandemia es sanitaria sí, pero es también una crisis social y económica. No es una crisis derivada de los excesos de las entidades financieras; es una crisis debida a la ausencia de previsión y la mala gestión de los gobernantes, que va a degenerar en una crisis económica sin precedentes.
Y la clave para sofocarla está en la combinación justa entre la acción de las administraciones públicas con el sector privado. Las administraciones públicas deben inyectar dinero de manera urgente en el sector privado para que éste puede aguantar y gestionar recursos lo más rápido posible, fomentando el consumo, la inversión y las exportaciones, motores esenciales en la economía de cualquier país.
Por eso mismo, en el transcurso del pasado Debate sobre el Estado de la Región le propuse a Emiliano García-Page un Plan de Rescate de nuestros pequeños empresarios, comerciantes y autónomos y de las entidades privadas del tercer sector.
Porque lo urgente es rescatar a los que generan puestos de trabajo en nuestra región. Rescatar a los que sostienen el bienestar de los mayores. Rescatar a nuestro tejido productivo, porque si no es así, si se destruye, no habrá dinero para pagar impuestos, prestaciones sociales o pensiones.
No descubro nada nuevo cuando recuerdo que, mayoritariamente, ese tejido se compone de microempresas de menos de 10 asalariados. El 98% de las cerca de 130.000 empresas de la región cuenta con menos de 20 trabajadores y más de la mitad no tiene asalariados (unas 70.000). Son empresas familiares, concretamente el 94%.
Precisamente por su pequeño tamaño, estas empresas sufren más que otras las crisis y se ven abocadas al cierre, al no poder soportar el confinamiento o la falta de clientes.
Todos conocemos casos de amigos y familiares o los sufrimos directamente. Pequeños negocios obligados a cerrar. Bares que no saben cómo sobrevivir con los toques de queda y el espacio reducido; comerciantes que venden menos de la mitad; hosteleros abocados al cierre por las restricciones y por los horarios; vendedores ambulantes, agricultores, ganaderos, feriantes, las peluquerías… y tantos y tantos sectores abrumados por una crisis que puede acabar con ellos.
Esta misma semana conocíamos cómo el Gobierno acudía al rescate de una compañía aérea. Decía que era estratégica. Pues yo afirmo que nuestras pequeñas empresas y nuestros autónomos son también estratégicos.
Por eso tenemos que poner en marcha un Plan que conlleve el establecimiento de ayudas directas –dinero a fondo perdido- para el pago de la cuota de autónomos a todos los afectados por las restricciones derivadas de los rebrotes del Covid-19. Un Plan que ayude al pago de alquiler y de hipotecas de locales de negocios viables que se hayan visto afectados por la pandemia y para gastos extraordinarios motivados por el cese por causa de fuerza mayor. En definitiva, ayudas para mantener a los empleadores y a los empleados.
No necesitamos un nuevo Plan Marshall de inversión pública. No necesitamos un nuevo Plan E, que entierre el dinero de todos los españoles en aceras. No es eso. Necesitamos que los que mueven la economía, los que crean empleo, tengan dinero para poder continuar haciéndolo.
Soy un liberal convencido, pero creo que en momentos extremos se requieren medidas extraordinarias. Ya lo hicimos con la crisis de la deuda soberana y de la banca. Hoy toca con la crisis social y sanitaria.
Ahora es el momento, ya que Europa está por la labor de fomentar la emisión de deuda pública y las ayudas a fondo perdido. 72.000 millones de euros nada menos nos han concedido en transferencias sin devolución. Alemania, por ejemplo, ya ha destinado 10.000 millones de euros para compensar a las empresas afectadas por las pérdidas que se deriven del cierre por la pandemia, estimando ese volumen respecto a lo facturado el año anterior y abonando el 75% de lo facturado en esos meses.
Por eso propongo que se apruebe un Plan de Rescate. Un plan pactado con los castellano manchegos. Con todos, no solo con unos pocos. Hay dinero para ello. Y Castilla-La Mancha, los castellano manchegos, se merecen un plan de justicia y solidaridad. Esa es la llave de nuestro presente y de nuestro futuro.
