El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha confirmado que la Comunidad Autónoma no tramitará el Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio económico mientras no hayan salido adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), si bien ha restado gravedad a esta situación, recordando que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ya ha funcionado con cuentas prorrogadas en los años 2016 y 2017.
En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, ha precisado que los PGE servirían para resolver varias dudas antes de diseñar las cuentas regionales. “Podemos quedarnos cortos o pasarnos de frenada”, ha avisado, recordando que los PGE dictaminarían si se incrementa la capacidad de endeudamiento para las comunidades autónomas tras la última negociación con las autoridades europeas o si se liquidará menos por una menor recaudación del IVA en 2019.
Por tanto, la elaboración de un presupuesto castellano-manchego está “perfectamente condicionada” a los PGE. “Por eso no he llevado a las Cortes el techo de gasto, porque desconozco cuál puede ser”, ha señalado.
En todo caso, ha recordado que el presupuesto de 2018 prorrogado mantendría los compromisos contractuales plurianuales como en materia de infraestructuras. “No es grave, hemos estado funcionando así en 2016 y en 2017”, ha insistido.
La ley de Podemos tendrá que “amoldarse”
En este punto ha hecho referencia a la Ley de Garantías Ciudadanas que impulsa Podemos desde el Ejecutivo autonómico y que, en palabras de la consejera que coordina su elaboración, Inmaculada Herranz, podría costar entre 12 y 18 millones su aplicación.
Sobre este asunto, ha dicho que si realmente fuera esa cuantía la que hubiera que destinar a la aplicación de la ley, no habría problema, pero ha puesto en duda que se quede sólo en ese gasto.
“Los estudios previos que tenemos sobre el borrador nos dice que las cuantías son más importantes. Están todavía por acotar pero desde luego no son 18 millones, es una cuantía superior. Habrá que amoldar la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria”, ha enfatizado.
