A los detenidos se les imputa la presunta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de pertenencia a organización criminal y otro de defraudación de fluido eléctrico, según ha informado el Instituto Armado.
La investigación se inició durante el mes de octubre de 2022 tras varias denuncias vecinales sobre fuertes olores a lo que pudiera ser marihuana y numerosos cortes de luz en las proximidades a una vivienda ubicada en la localidad madrileña de San Martín de la Vega.
Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que se trataba de una organización criminal cuya actividad delictiva principal era el tráfico de sustancia estupefacientes a gran escala en un ámbito interprovincial, principalmente marihuana y hachís, con un elevado grado de estructuración, jerarquía y especialización.
Asimismo, esta organización se dedicaba al cultivo de esquejes de marihuana para su venta y destinados a futuras plantaciones, para lo que contaban con el apoyo de un establecimiento de venta de productos derivados del cannabis o ‘grow shop’.
REGISTROS E INCAUTACIONES
Tras la realización de cinco registros en San Martín de la Vega, Parla y Fuenlabrada en Madrid, y dos más en Seseña (Toledo), la Benemérita intervino 583 plantas de marihuana, 4.132 esquejes, 1.548 gramos de cogollos de marihuana, 293 de hachís, tres de cocaína, dos vehículos, nueve teléfonos móviles, diverso material tecnológico y 83.739 euros en billetes de diverso valor.
En los registros efectuados se pudo comprobar también la defraudación de fluido eléctrico tras el complejo manipulado de las instalaciones eléctricas, lo que suponía además un importante riesgo de seguridad.
Los investigadores han reseñado que, en dos de las viviendas, los detenidos realizaban modificaciones en varias habitaciones y adaptando algunas de las dependencias de éstas para el montaje de nuevos cultivos y poder ampliar así la producción de las sustancias ilícitas.
Finalmente, la investigación concluyó con la detención de siete personas, cinco varones de nacionalidad española de edades comprendidas entre los 24 y 45 años, un varón de nacionalidad serbia de 42 y una mujer española de 35, puestos todos ellos a disposición judicial.
Durante la fase de investigación y explotación han participado efectivos de Guardia Civil pertenecientes a Área de Investigación del Puesto Principal de Pinto, Área de Investigación del Puesto Principal de Ciempozuelos, Área de Investigación del Puesto Principal de Seseña, las unidades de Seguridad Ciudadana de Madrid y Toledo, y los servicios cinológicos de Toledo y de Madrid.
