El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en la necesidad de que haya un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que incorpore indicadores que pongan sobre la mesa cómo valorar el coste de los servicios públicos en las zonas despobladas «y cómo retribuir ese coste a las comunidades autónomas».
Ha sido durante su entrevista con el periodista Manuel Campo Vidal en el marco del evento ‘Empuéblate. Soluciones contra la despoblación’, organizado por EuroCaja Rural y Next Education, donde ha especificado que estos indicadores se pueden incorporar o bien a través de mecanismos como «la población ajustada» o bien, creando «un fondo específico» que se destine a financiar los servicios públicos generando así apoyo en las zonas afectadas por despoblación. Habría una tercera vía, ha reconocido, que es por la que apuesta el Ejecutivo autonómico y que sería una mezcla de ambas cosas.
En concreto, Martínez Guijarro se ha referido al coste de mantener los servicios públicos en los municipios despoblados de la región. Un ejemplo concreto que ha puesto es la provincia de Guadalajara donde el coste de una tarjeta sanitaria en estas zonas es cinco veces mayor que el coste que supone en la capital.
Un planteamiento que seguirá reivindicando el Gobierno de Castilla-La Mancha al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, fechado para el 26 de febrero, y al que están llamados representantes de todas las comunidades autónomas.
Cuatro años de la Ley de Despoblación
Durante la conversación, el vicepresidente primero ha recordado que el próximo mes de mayo se cumple cuatro años desde la aprobación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.
Un año, este 2025, en el que además se va a llevar a cabo la primera evaluación intermedia de la Estrategia frente a la Despoblación -la principal herramienta de aplicación de la Ley, que permitirá conocer los primeros resultados.
«Con los últimos datos que tenemos, tal y como ha dicho, podemos empezar a ver los primeros indicadores que se ponen de manifiesto los resultados positivos». En concreto, desde la entrada en vigor de la Ley, la región ha registrado 15.000 personas de saldo migratorio positivo en zonas despobladas.
Más en concreto, ha dicho, lo que se desprende de estas cifras es que ese saldo migratorio es positivo en casi la totalidad de las áreas zonificadas en la ley, «lo que supone un paso imprescindible para doblar la curva de la despoblación».
Unos primeros resultados que están vinculados a la garantía de acceso a los servicios públicos en el medio rural o la fiscalidad diferenciada para aquellos que residen en estos municipios. Ahondando en las cifras, han sido más de 89.000 declaraciones las que se han aprovechado de las desgravaciones fiscales en la última campaña de la renta, una cifra que ha ido creciendo a lo largo de los años.
Otro de los pilares de la Ley de medidas contra la despoblación son las medidas de incentivación positiva y de apoyo con las que se pretende revertir el proceso de pérdida demográfica. En este caso, ha dicho, «si hablamos del apoyo al emprendimiento, el 25 por ciento de las ayudas de inicio de actividad que se han dado a lo largo de estos años en la región se han quedado en las zonas despobladas».
Por último, ha trasladado la necesidad de que el Gobierno Central cree el Estatuto del pequeño municipio que adapte la legislación a las entidades locales, así como que se incluya la realidad de los pueblos en el nuevo Plan de Vivienda.
