La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública de Castilla-La Mancha, exige al Gobierno regional la paralización de la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha tras el «contundente informe negativo» del Consejo Consultivo.
Según apunta en nota de prensa, el Gobierno de Castilla-La Mancha elevó el pasado mes de enero el Anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa al Consejo Consultivo, paso necesario para su posterior remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha.
Ahora, el dictamen del Consejo Consultivo, de 20 de marzo, supone «un auténtico varapalo», ya que «desmonta totalmente esta ley» y da la razón a la Central Sindical, ya que «desde noviembre venimos denunciando que supone un auténtico atentado a los servicios públicos de la región abriendo la puerta a su privatización bajo el pretexto de la eficiencia administrativa», sostiene el presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez.
CSIF ya advirtió que las entidades colaboradoras, reflejadas en el título IV del Anteproyecto de Ley, abren la puerta a que cualquier gestión en el ámbito público sea susceptible de contar con participación privada, lo que en la práctica supone desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.
En este sentido, el Consejo Consultivo señala en su informe que la regulación de las entidades colaboradoras «adolece de una gran indefinición a la hora de fijar las funciones que podrán ejercer estas entidades privadas y los ámbitos de actuación» y apunta a que la «generalidad de las funciones y su amplitud» podrían usurpar funciones que competen exclusivamente a los empleados públicos y que quedan recogidas en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
Es más, añade, el Consejo Consultivo alude a una sentencia del Tribunal Supremo 1160/2020, de 14 de septiembre, que deja bien claro que los procedimientos administrativos de las Administraciones Públicas «han de tramitarse por funcionarios públicos, lo cual constituye la regla básica en materia de tramitación de procedimientos administrativos».
El dictamen, «demoledor por lo que supone y por sus conclusiones», subraya que «las funciones que se le atribuyen de comprobación, informe y certificación [a las entidades colaboradoras], implican tal grado de indeterminación que no puede excluirse, ni mucho menos, la invasión de la reserva de funciones exclusivas de la función pública».
A todo ello, el Consejo Consultivo también arroja dudas sobre incompatibilidades, responsabilidad de las entidades colaboradoras y reclamaciones antes las mismas, infracciones y sanciones, así como las tarifas.
Sánchez apostilla que «el Gobierno regional ha hecho oídos sordos a las advertencias de los representantes de los trabajadores, se le ha dicho por activa y por pasiva que no podía seguir adelante con esta normativa. Esperemos que deseche esta ley porque abre la puerta a la privatización de los servicios públicos».
