El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha acordado este miércoles junto con las comunidades autónomas en la celebración de la LXXIX conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales el reparto de los 2.111 millones de euros anunciados hace unas semanas para la nueva generación de políticas activas de empleo.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto de relieve que «se ha desplegado una estrategia de país» y que esta conferencia ha alcanzado «un relieve especial y trascendencia», ya que una parte «muy importante de las debilidades del mercado laboral español está vinculado a un deficiente diseño de las políticas activas».
Trabajo ha recordado que esta dotación presupuestaria, con cargo a los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril y supone «una de las mayores consignaciones presupuestarias destinadas a este fin de la serie histórica».
La ministra ha apuntado que, a excepción de Murcia, que ha votado en contra; todas las comunidades autónomas han apoyado el reparto de estos fondos. De hecho, ha celebrado que, por primera vez, la estrategia española de activación para el empleo haya recibido el apoyo unánime de todas las comunidades autónomas.
Del total de 2.111 millones de euros, casi 145,1 millones se destinarán a acciones formativas con itinerarios de formación con acompañamiento personalizado y compromiso de contratación para personas desempleadas en procesos de recolocación y vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos. En estos programas podrán participar 43.000 personas desempleadas.
Por otro lado, 110,2 millones se destinarán a financiar acciones formativas de personas trabajadoras en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para promover la recualificación y la actualización de 250.000 personas.
Un total de 600 millones irán destinados a atender a 21.000 jóvenes, menores de 30 años puedan obtener calificación profesional en sectores estratégicos mediante contrato formativo en el marco del plan para el incremento y la mejora del empleo joven en el marco de la modernización de las políticas activas.
Además, 688 millones de euros, procedentes del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, se sumarán a estos importes. Este montante dependerá de una serie de hitos y criterios de distribución en los que se está trabajando.
La red de servicios públicos de empleo recibirá 82,6 millones destinados a políticas de orientación de las personas trabajadoras, en la línea con la mejora de ratios que recomienda el Consejo de la Unión europea.
La formación en diálogo social y negociación colectiva tiene una partida asignada de 10,1 millones y los centros especializados de empleo recibirán más de 25,8 millones.
EL 45% se ha repartido según objetivos
Al descontar estas tres partidas, de la cantidad de 1.992,2 millones, el 55% se ha repartido atendiendo al criterio establecido en 2019, pero el 45% restante (896 millones) se ha atribuido según el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que, según explica Trabajo, que contiene los indicadores denominados Índices de Cumplimiento de Objetivos (ICO que permiten obtener evaluación de esfuerzo e impacto.
Asimismo, ha resaltado que ninguna comunidad ha recibido una cantidad inferior a la que se le transfirió en 2020 y que han aumentado asignaciones Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Así, Cataluña (345,9 millones), Andalucía (348,6 millones) y Madrid (273,9 millones) han sido las comunidades que mayor importe han recibido. Le siguen la Comunidad Valenciana (210,8 millones), Galicia (169,9 millones), Castilla y León (131,2 millones) y Canarias (130,1 millones).
Por detrás, se encuentran Extremadura (96,3 millones), Castilla-La Mancha (95,9 millones), Aragón (67,7 millones), Asturias (64 millones), Murcia (57,7 millones), Baleares (49,9 millones), Cantabria (31,5 millones), Navarra (25,5 millones) y La Rioja (11,4 millones).
El Departamento de Díaz ha explicado que los fondos destinados a la formación tendrán una referencia especial a los indicadores de seguimiento.
Además, todos estos créditos serán objeto de un seguimiento semestral a través de un informe específico de nueva implantación. También, de manera general, se establecen indicadores de impacto para todos los fondos de todos los ejes para verificar a los 6, 12 y 18 meses la empleabilidad de las personas beneficiarias.
Estos instrumentos se fijarán en el PAPE 2021, que se acordará con las comunidades autónomas, y en la orden ministerial de distribución de fondos.
La ministra ha afirmado que las políticas activas se van a adecuar a la era digital y va a llevar consigo el despliegue de nuevas políticas. También ha dicho que se va a utilizar el big data a favor de estas políticas.
«Si piensan en una oficina del SEPE, muchas personas tienen que ir a acuñar la tarjeta del paro, que es como algo antiguo. Queremos digitalizar todos estos elementos y de la misma manera que podemos hacer la declaración de la renta desde el móvil se pueda pasar el paro y todas las políticas activas de empleo del país», ha dicho.
Asimismo, ha remarcado que las nuevas políticas activas estarán basadas en objetivos y resultados y que, por primera vez, se va a llevar a cabo un examen y evaluación de las mismas.
«Anticipo que en el caso de Trabajo hemos optado porque la AIReF entre a nuestra casa y nos evalúe, pero lo importante es que las comunidades autónomas van a cambiar la metodología, que es clave para que podamos ir acentuando las medidas que tengan buenos resultados o cambiando las que tengan peores, siempre con la convicción de mejorar la empleabilidad de las personas», ha apuntado la vicepresidenta.
También ha afirmado que el cambio se fundamenta en la modernización del Servicio Público de Empleo Español (SEPE) y que se ha seguido las metodologías que se recomiendan de ir de abajo hasta arriba y «hoy se ha materializado».
Castilla-La Mancha
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la apuesta por la orientación individual y el impulso de las experiencias mixtas de formación y empleo que se enmarcan en la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, así como en el Plan de Recuperación, en lo concerniente al mercado de trabajo, que ha trazado el trabajo conjunto del Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas.
Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras participar, junto con la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, en la Conferencia Sectorial de Empleo, en la que se han puesto en común las líneas maestras de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, así como los ejes fundamentales del Plan de Recuperación aprobado por el Ejecutivo central el pasado martes en el Consejo de Ministros, y que tiene una línea de actuación dedicada a las políticas de empleo.
Franco ha destacado la llegada de más de 95,9 millones de euros a Castilla-La Mancha para la implementación de políticas activas de empleo a partir de los fondos de Conferencia Sectorial, y ha subrayado la importancia fundamental de que este reparto se haya realizado en una única sectorial en lugar de repartido a lo largo del año, para garantizar la estabilidad en el diseño de estas políticas, ha informado la Junta en nota de prensa.
Además, ha agradecido al Ministerio que las comunidades autónomas hayan tenido acceso previo al borrador de la orden para el reparto de la financiación, y ha defendido la necesidad de dotar de mayor flexibilidad los fondos para una gestión eficiente por parte de las administraciones autonómicas.
