UGT ha denunciado ante el Juzgado de lo Social a las empresas del transporte sanitario de las cinco provincias de CLM por no dotar de los EPIS necesarios a los profesionales a pesar del alto riesgo de contagio de COVID-19 al que están expuestos. Tras varias semanas exigiendo medios de protección para todo el personal del transporte sanitario tanto a las empresas como al SESCAM, la situación sigue siendo igual de dramática.
El secretario de Organización de FeSP UGT CLM y responsable del ámbito de Sanidad, José Manuel Pinillos, detalla que de los 1.600 profesionales de la región del transporte sanitario más de 120 se encuentran de baja actualmente, bien por haber dado positivo en COVID-19 o por sospecha de casos no confirmados. A pesar de este escenario, las empresas continúan sin dotar de medios de protección suficientes a los profesionales, manteniendo las mascarillas más usos de los debidos, sin facilitarlas al 100% de la plantilla y sin entregar trajes de protección ni el resto de medios básicos de los que se compone un EPI.
“Después de que el Gobierno de la nación haya reconocido lo obvio, que «los contagios entre sanitarios se deben a la falta de protección», estas empresas continúan sin poner los medios de seguridad mínimos imprescindibles para poder realizar una labor como es la de atender a pacientes en sus domicilios y trasladarlos a los centros sanitarios”, afirma.
A esto se suma que varias cajas de las mascarillas utilizadas durante los últimos días son, lamentablemente, las defectuosas Garry Galaxy que están siendo retiradas por su insuficiente nivel de protección. Como ya ha denunciado UGT anteriormente, a pesar de pedirlo no se ha establecido ningún protocolo de seguimiento de los profesionales que las han utilizado en el transporte sanitario, por lo pueden ser un nuevo vector de contagio.
FeSP UGT CLM ha interpuesto varias denuncias a la Inspección de Trabajo, pero llegados a un punto en el que las empresas continúan sin dar respuesta se ha optado por la denuncia judicial con el objetivo de que sea el juzgado a través de la imposición de medidas cautelarísimas quien obligue a las empresas a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias.
“Somos conscientes de la falta generalizada de EPIS a nivel mundial, pero mientras escuchamos a los políticos de turno hacer declaraciones en las que se explica los millones de mascarillas que se han distribuido, la realidad es que los profesionales sanitarios continúan sin los medios de protección mínimos necesarios y siguen contagiándose”, afirma Pinillos.
