El Sindicato Acaip-UGT denuncia que este jueves sucedieron «unos incidentes de extrema violencia en el Centro Penitenciario Ocaña I», donde, al parecer, según información aportada en nota de prensa, «un interno de nacionalidad guineana destrozó todos los cristales de la cabina, puertas y cabina de los funcionarios en el módulo del departamento con una barra de gimnasio de gran dimensión».
Los funcionarios de servicio en el aquel momento, temiendo por su integridad física, «se tuvieron que refugiar en la oficina», agregan en el comunicado. Afortunadamente, dicen, «no se tuvieron que lamentar daños personales, pero sí cuantiosos daños materiales de elevado coste económico».
Desde el sindicato denuncian que «desde el 2018, año que se produjo su ingreso, ha protagonizado, en las distintas prisiones donde ha recalado, diversos altercados regimentales, daños en el mobiliario además de poseer pinchos carcelarios de fabricación casera. Por tanto, se trata de un interno inadaptado al régimen de vida ordinario, pero sin embargo, fue trasladado para la práctica de unas diligencias, al Centro Penitenciario Ocaña I, centro que no cuenta con los medios materiales y estructurales para preservar la seguridad y poder albergar este perfil de internos, aunque por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se atiende a las peticiones realizadas en multitud de ocasiones por parte de esta sección sindical para que no trasladen a este tipo de internos conflictivos a esta prisión».
Desde el sindicato también informan que «el domingo 11 de diciembre también se produjeron hechos muy graves en el Centro Penitenciario Ocaña II, donde un interno amenazó y empujó a un funcionario».
Así, desde Acaip reclaman «un verdadero protocolo contra las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios. El actual se ha mostrado totalmente inoperante ya que no ha servido para reducir el número de agresiones. Por ello, el pasado mes de julio, Acaip-Ugt como sindicato mayoritario en prisiones, retiró su firma del protocolo específico de agresiones (PEAFA)».
Finalmente, apuntan, de media en 2022, «cada 21 horas un trabajador es agredido en una prisión española».
