En un escrito al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, UGT expone todos los incumplimientos que las empresas llevan realizando desde el inicio de las concesiones, sobre los cuales hay numerosas denuncias ganadas y debidamente demostradas ante la justicia, ha informado el sindicato en nota de prensa.
José Manuel Pinillos, secretario regional de Organización FeSP-UGT, detalla incumplimientos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con la administración; incumplimientos en el ámbito asistencial con vehículos en mal estado y mala calidad del servicio; descuelgue salarial en el caso de la provincia de Cuenca; impago de las subidas salariales pactadas en el último convenio e incumplimientos en materia de salud y seguridad laboral por no realizar exámenes médicos periódicos ni dotar a los profesionales de los medios de protección necesarios durante la pandemia.
“Desde la adjudicación a las actuales empresas hemos denunciado infinidad de irregularidades, las sentencias nos dan la razón sobre la nefasta gestión del servicio y no entenderíamos que el Sescam siga permitiéndolo”, declara Pinillos.
UGT recuerda que el propio Sescam ya anuncio el pasado año la rescisión del contrato con la empresa SSG, pero que a día de hoy esto ni se ha resuelto ni se ha planteado una solución para la viabilidad del servicio a largo plazo. “El Sescam no puede mirar a otro lado en un momento como el actual con el reconocimiento social de estos profesionales, los cuales han expuesto su integridad para prestar el mejor servicio posible durante la pandemia a pesar de la falta de protección y de contagiarse en unos índices elevados”, defiende Pinillos.
Para UGT, el debate entre gestión pública o gestión privada no tiene cabida en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha que “no puede permitir que el dinero de los impuestos de la ciudadanía se destine al beneficio de algunas empresas que incumplen sistemáticamente las normas relativas a su personal y que ofrecen un servicio de una calidad cuanto menos cuestionable”, afirma Pinillos.
Según los datos que maneja UGT, la dotación presupuestaria prevista para estas empresas sería suficiente para gestionar de forma pública el servicio al igual que se hace en otras comunidades autónomas.
“En base a los numerosos incumplimientos de las empresas y tras un profundo análisis de la situación, comparando con comunidades que ya han asumida la gestión, tenemos la certeza que de que el cambio a gestión pública supondría un menor gasto, mayor calidad en la atención y garantizaría el cumplimiento de las normas básicas en materia de personal. No existe una justificación económica para no hacerlo ni ninguna duda de que el servicio sería de mayor calidad”, añade.
Según avanza Pinillos, a pesar de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que dio la razón a UGT y desmontó las excusas de las empresas para no incrementar los salarios, el convenio sigue sin cumplirse, por lo que se está ultimando un calendario de movilizaciones que anunciarán próximamente.
“La Administración, la ciudadanía y los profesionales no podemos permitir que las empresas mantengan sus incumplimientos mientras continúan obteniendo beneficios explotando al personal e incumpliendo todas las normas laborales”, concluye.
