La convocatoria de este pleno nació con polémica después de que el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, avanzara a finales de diciembre ante los medios de comunicación que había remitido una carta tanto a los grupos parlamentarios como al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, para celebrar esta sesión de manera urgente ante la situación crítica de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos en el contexto actual de crisis económica.
La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Carmen Picazo, salió enseguida al paso de la comparecencia del líder ‘popular’ afeando su estrategia: “Si tu intención era que ambos grupos parlamentarios hubiéramos planteado esta iniciativa conjuntamente, podrías haberme llamado para tratar este asunto con la profundidad que merece antes de dar una rueda de prensa anunciando el envío de la carta”, aseguraba.
Con todo, finalmente ambas formaciones cerraron la herida y llegaron a un acuerdo para plantear este debate general de forma conjunta.
Tras el debate de este único punto del orden del día, ha salido adelante por unanimidad la propuesta conjunta entre Cs y PSOE tras aceptar ambos partidos dos matices ‘populares’; mientras que la propuesta de resolución que el PP mantenía en solitario, con más de 40 propuestas para pymes y autónomos, no ha sido aprobada, aunque sí ha recabado el voto a favor de Cs.
PAGE TOMA LA DELANTERA
Con la sesión programada en el calendario parlamentario, este miércoles, 24 horas antes de abrir el pleno, el presidente regional, Emiliano García-Page, anunciaba en entrevista con Radio Castilla-la Mancha que este mismo mes se aprobará un paquete de 65 millones de euros para pequeños empresarios, autónomos, sector de la hostelería y el turismo, transportes o feriantes.
Incluso, antes de que a las 10.00 horas en el Convento de San Gil arrancara el pleno, se producía una reunión a tres bandas entre Gobierno regional, PSOE y Ciudadanos en la que perfilaban los flecos a la hora de repartir los 65 millones de euros.
En ruedas de prensa consecutivas, primero era el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata quien sacaba pecho por la presión que su partido ha ejercido desde el pasado año para mejorar las prestaciones a este sector económico, recordando cómo arrancó al Gobierno el compromiso de elevar a 80 millones de euros las ayudas a fondo perdido puestas en marcha en verano, sumando a este logro el nuevo pacto suscrito hoy para articular otros 65 millones de euros.
El socialista Fernando Mora tomaba el testigo a continuación para celebrar los acuerdos a los que se suma Cs y en los que el PP “siempre se queda fuera”, poniendo en valor del mismo modo que Castilla-La Mancha, con 145 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos, es de las regiones que más están ayudando a su tejido empresarial durante esta crisis económica.
PP PROPONÍA MÁS DE 40 MEDIDAS CONSENSUADAS CON LOS SECTORES
La propuesta de Resolución que el PP ha elevado a debate y que finalmente se ha quedado en el camino incluía más de 40 medidas de todo tipo consensuadas con distintos sectores empresariales.
Así, en materia de fiscalidad, planteaba bajada en Transmisiones patrimoniales, reducción de Sucesiones y Donaciones, menos IRPF, aplazamiento de figuras tributarias, reducción de tasas, bonificaciones del 99% en tributos autonómicos o quitar tasa de basura comercial.
En cuanto a financiación, urgían al Gobierno a bonificar intereses de préstamos, sufragar el coste de avales, mecanismos de apoyo para gastos básicos de mantenimiento de actividad, ampliación de carencia de préstamos ICO, abono inmediato de subvenciones ya aprobadas, ayudas para pagar las cuotas de la Seguridad Social, ayudas para fomentar la digitalización, ayudas al pago de alquiler o hipotecas, un programa ‘SOS autónomos’, dar cobertura al ocio infantil y comercio minorista, mecanismos de segunda oportunidad o medidas contra la morosidad.
También reclamaban pedir al Gobierno estatal prorrogar los ERTEs hasta julio, prolongar plazo de presentación de cese de actividad, flexibilizar requisitos para acceder a prestaciones por cese o indemnizaciones por cierres.
Para reconstruir la hostelería, sugerían los ‘populares’ no subir impuestos, aplicar fondos europeos para su supervivencia, reducir el IVA, un Plan Estratégico para gastronomía, reducir proporcionalmente el importe de alquileres, una ayuda del 20% de la diferencia de ingresos por ventas de 2020 con respecto a 2019 o rediseñar acciones para reactivar la demanda.
PROPUESTA CS-PSOE
La propuesta conjunta entre Cs y PSOE, que ha salido adelante apoyada por ambos grupos, sirve para instar a las fuerzas políticas representadas en la Cámara a mantener “la vocación de diálogo que permita afrontar y paliar las graves consecuencias económicas de la pandemia, insistiendo en la necesidad de abordarlas desde el interés general, y superando cualquier confrontación partidista”.
Igualmente, resaltaba esta propuesta la importancia de este hecho “reflejada en los acuerdos suscritos por el Gobierno, Ciudadanos y el Grupo Socialista”, punto que ha quedado suprimido a petición del PP como condición para dar su visto bueno final.
También piden al Gobierno regional poner en marcha de un segundo plan de ayudas para los sectores económicos más afectados por la pandemia, dotado con 65 millones de euros y destinado a pequeños empresarios y autónomos, en sectores como la hostelería, el turismo, el pequeño comercio, el transporte de pasajeros y los feriantes.
De este modo, y en el marco de los fondos europeos Next Generation, se ayudará “al mantenimiento de pymes, autónomos y del empleo, facilitando igualmente la reconversión hacia nuevos modelos de negocio, así como la viabilidad empresarial”.
PACTO SOBRE LA BOCINA
Una vez leídas las propuestas de resolución por parte del secretario primero de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, la portavoz del PP, Lola Merino, pedía un receso para intentar matizar la petición de socialistas y naranjas y así dar su voto favorable.
Así, los ‘populares’ pedían eliminar el punto en el que se ponía en valor los acuerdos suscritos entre PSOE y Cs a lo largo de esta legislatura, del mismo modo que solicitaba que los 65 millones de euros del nuevo paquete de ayudas fueran con cargo a fondos propios de las arcas autonómicas y no a cuenta de los fondos europeos que están por venir, para garantizar así más agilidad a la hora de ponerlos en marcha.
