La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso ha reclamado este miércoles por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación para estos proyectos. Además, le exige soluciones urgentes para el proyecto paralizado del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medio ambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.
En el texto, se habla concretamente de la planta de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.
Sobre este tema, se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el “envejecimiento” de un parque nuclear que, a su juicio, registra “cada vez un mayor número de incidentes”. En este sentido, ha denunciado la “falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación”, sobre todo en materia de transparencia y comunicación.
SOLUCIONES CONTRA ATAQUES TERRORISTAS Y CIBERATAQUES
“Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en precio de la energía o en las emisiones”, ha declarado durante su intervención en el debate.
El coportavoz de Equo, ha mostrado también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama “una solución organizada” entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo “en el plazo más breve posible”, y con el objetivo de clarificar, antes de tres meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.
También a este tema se ha referido la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.
En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de transparencia y difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.
Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabolidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia al Parlamento.
CAMBIOS EN EL CSN: PIDEN NO PRORROGAR EL MANDATO DE SU PRESIDENTE
Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado “con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas”.
El texto, recogido por Europa Press, también exige que no se prorrogue “en ningún caso” el mandato del “actual y reprobado presidente del CSN” que expira el 28 de diciembre de este año.
También Rodríguez, ha mostrado su “preocupación” en este aspecto, y, en concreto, por “los problemas de gestión de personal del CSN”, así como la falta de independencia del Consejo. “Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos”, ha denunciado.
Finalmente, el dictamen recoge también una petición de paralización del proyecto de construcción de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca); se pide confirmación de la reducción de radioactividad en la pedanía de Palomares (Almería); y explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.
UN CSN QUE NO CUMPLE
Durante el debate de las medidas, la mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado varios de los portavoces, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y que no se llegaron a cumplir.
Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Además, ha mostrado su “decepción” con el presidente del Consejo, por sus compromisos que después, a su juicio, no ha cumplido. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor “pone en cuestión” al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, quien “habría que distribuir responsabilidades” por esta actitud, tanto hacia el CSN como hacia el Gobierno.
Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo “no siempre haya atendido” a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.
Por parte del PP, su portavoz en este debate, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación “jamás” va a poner en cuestión la objetividad del Consejo, debido a la “enorme responsabilidad” y “sensibilidad social” que supone la seguridad nuclear. Por eso, ha querido separar la ponencia de “cuestiones ideológicas” y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.
