La incorporación de jóvenes a la actividad agraria en Castilla-La Mancha se verá gravemente afectada en 2025 debido a los recortes en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), según nota de prensa de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, en la que aseguran que más de la mitad de los aspirantes se quedarán fuera, en lo que califican es «una situación sin precedentes que ha generado indignación en el sector».
El Gobierno regional, que desde 2015 ha triplicado el presupuesto de la empresa pública GEACAM, ha destinado menos fondos a la agricultura, restando 500 millones de euros al Plan de Desarrollo Rural actual en comparación con el anterior, apuntan. Consideran que este ajuste ha reducido drásticamente las ayudas que permiten a los jóvenes incorporarse al sector agrario, dejándolos en una situación de incertidumbre y desamparo.
Según denuncia Unión de Uniones de CLM, estos recortes han obligado a muchos aspirantes a abandonar sus proyectos. Aseguran que «algunos habían firmado precontratos de arrendamiento de tierras, con la dificultad que supone encontrar propietarios dispuestos a ceder fincas, y otros ya habían realizado inversiones que ahora resultan inasumibles». La falta de apoyo económico no solo frena el relevo generacional en el campo, sino que también pone en riesgo el futuro del sector agroganadero de la región, denuncian.
Desde Unión de Uniones acusan a la Junta de priorizar el crecimiento de GEACAM (Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha) en detrimento de los agricultores, utilizando la empresa pública como una agencia de colocación de miembros del partido en el poder. Además, critican que, al financiarla con fondos que deberían destinarse a la actividad agraria, se elude la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Ante esta situación, la organización agraria ha convocado una concentración el próximo 18 de febrero a las 10:30 horas frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo, para exigir soluciones inmediatas. «No podemos permitir que jueguen con las vidas y haciendas de quienes quieren trabajar la tierra», afirman desde la entidad.
La protesta pretende visibilizar el problema y presionar a la Junta para que rectifique sus políticas, garantizando los fondos necesarios para la incorporación de los jóvenes agricultores y asegurando el futuro del campo castellanomanchego.