La Unión Profesional del Transporte y Emergencias Sanitarias (UPTES) ha denunciado públicamente la “situación crítica e insostenible” que atraviesa el transporte sanitario en Castilla-La Mancha, una realidad que atribuye directamente a “decisiones políticas conscientes” y a un modelo de gestión privatizado que, según el sindicato, “antepone el beneficio económico a la salud de la ciudadanía y a la dignidad de los profesionales”.
En su comunicado, UPTES alerta de que el sistema actual “se sostiene a base de precariedad laboral, sobrecarga de trabajo, falta de medios y desgaste físico y psicológico de las plantillas”, una situación que no consideran fruto de errores puntuales, sino de “una estrategia estructural que está deteriorando un servicio esencial y poniendo en riesgo la atención a las urgencias reales”.
Desde la organización profesional insisten en que el colapso del transporte sanitario no puede desligarse del modelo de gestión elegido por la administración. “El sistema sanitario no colapsa por sí solo. Lo colapsan las decisiones políticas, la externalización de servicios y la falta de control sobre empresas privadas que hacen negocio con la salud pública y con la precariedad laboral”, subrayan.
Uso inadecuado del servicio y responsabilidad institucional
UPTES también pone el foco en el uso abusivo e inadecuado del transporte sanitario, una situación que, a su juicio, no puede achacarse a la población. “Esta situación no es responsabilidad de la ciudadanía, sino de una administración que ha renunciado a su deber de planificar, educar y gestionar con criterio sanitario”, señalan.
El sindicato apunta directamente a la “ausencia de educación sanitaria”, la “inexistencia de políticas de prevención” y a “mensajes institucionales irresponsables” como factores que han contribuido a tensionar aún más un servicio ya debilitado. Todo ello, advierten, repercute de forma directa en la calidad asistencial y en los tiempos de respuesta ante emergencias reales.
“Las promesas políticas no salvan vidas”
En su denuncia, UPTES es especialmente crítico con el discurso institucional. “Las promesas políticas y los discursos triunfalistas no salvan vidas”, afirman, asegurando que tras esos mensajes se esconde “una realidad de tiempos de respuesta inaceptables, ambulancias infrautilizadas o mal empleadas, profesionales exhaustos y contratos diseñados para garantizar rentabilidad privada, no calidad asistencial”.
Para el colectivo, el transporte sanitario continúa siendo tratado como un servicio de segunda, a pesar de su papel clave dentro del sistema público de salud. “La sanidad pública no es un negocio. El transporte sanitario no es un servicio de segunda. Los profesionales no somos números ni costes a reducir”, remarcan.
Exigencias inmediatas y advertencia de movilizaciones
Ante esta situación, UPTES reclama una batería de medidas urgentes, entre ellas la “gestión pública directa del transporte sanitario”, el “fin del modelo privatizado y de la externalización”, así como “condiciones laborales dignas, estables y seguras” y un “reconocimiento profesional real del personal del transporte sanitario”.
El sindicato exige además un “refuerzo efectivo de plantillas y recursos”, la implantación de “educación sanitaria obligatoria como política pública” y mayores niveles de “transparencia, control y responsabilidades políticas” en la gestión del servicio.
UPTES advierte de que no aceptará más “propaganda ni promesas vacías” y deja claro que está dispuesto a intensificar la presión. “Si atacan la sanidad, nos tendrán enfrente. Si precarizan el servicio, responderemos con movilización”, concluyen, reafirmando su posición: “UPTES no calla. UPTES defiende. UPTES lucha”.
