Varias decenas de empleados públicos de todos los sectores de las distintas administraciones de Castilla-La Mancha se han concentrado este sábado en Toledo para pedir la regularización del personal público en fraude de ley, que en la Comunidad Autónoma alcanza a “en torno a 20.000 personas”, convirtiendo al personal temporal en fijo.
Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, la presidenta de la Plataforma de Interinos de Ciudad Real y de la coordinadora regional de empleados públicos en fraude de ley, Soraya Sánchez, que ha detallado que, en el caso del personal interino y estatutario, todos aquellos que lleven más de tres años desempeñando una plaza vacante están en situación irregular ya que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que “las plazas deben sacarse a oposición en un plazo improrrogable de tres años”.
Sin embargo, la administración “ha estado incumpliendo esos plazos y no ha sacado a oposición todas las plazas existentes”. Lo mismo ocurre en el caso del personal laboral, regulado por el Estatuto de los Trabajadores, que está en fraude de ley si lleva “24 meses en un periodo de 30 trabajando con contrato temporal”.
De ahí que tanto la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha y Solidaridad Obrera en el Sescam, como las organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en Fraude de Ley, demanden el cumplimiento de la directiva europea 1999/70/CE, que España “lleva 20 años sin trasponer al ordenamiento jurídico interno”, y que “se regularice la situación de los empleados públicos temporales mediante su conversión a fijos”.
La concentración de Toledo, que se ha repetido en otras ciudades del país como Madrid, Valladolid, Valencia, Oviedo, Mérida o Sevilla, ha exigido la “paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización, sin perjuicio de la continuidad de la
oferta de plazas ordinarias para cubrir bajas de efectivos” y la “suspensión y anulación de todo cese y despido ilegal”.
Según el manifiesto leído durante este acto, se exige también “igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la administración”, la reversión de la privatización y la “recuperación de vacantes y plazas amortizadas sacando a oferta de empleo público las plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitarias”.
