El escenario de emergencia sanitaria que vivimos está promoviendo la intervención activa de las farmacias y sus instituciones colegiales en la búsqueda y rápida implantación de soluciones asistenciales. Iniciativas dirigidas, entre otros objetivos, a reducir el riesgo de contagio y garantizar el acceso a los medicamentos a todos los ciudadanos, en especial, a los más vulnerables. En esta línea de trabajo la Organización Farmacéutica Colegial – Consejo General, Consejos Autonómicos y Colegios– están colaborando estrechamente y alcanzando acuerdos con las diferentes autoridades sanitarias para minimizar el impacto de esta crisis en los tratamientos de los ciudadanos. Muchas de estas actividades se encontraban entre las propuestas que el Consejo General remitió al ministro de Sanidad el pasado 13 de marzo.
Una de las primerias iniciativas adoptadas, gracias a la implantación de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud, fue la eliminación en la mayoría de las Comunidades Autónomas de la necesidad de que los pacientes crónicos tuvieran que acudir a los centros de salud a renovar sus recetas. En el caso de los 2,2 millones de usuarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se ha trabajado para evitar los desplazamientos de los mutualistas a las correspondientes delegaciones en busca de la autorización del visado de inspección para determinados tratamientos, además se trabaja con las Mutualidades en procedimientos que faciliten el acceso a la medicación, tanto a mutualistas que han optado por la asistencia sanitaria a través de los servicios autonómicos de salud, como por la asistencia sanitaria privada.
Otro avance ha sido el hecho de que desde el pasado viernes, gracias a una Orden del Ministerio de Sanidad, es posible que las Comunidades Autónomas puedan establecer medidas como la dispensación de medicamentos hospitalarios a pacientes no ingresados a través de las farmacias comunitarias, ofreciendo así una solución a pacientes con elevado riesgo clínico, en cuarentena, inmunodeprimidos, con esclerosis múltiple, lupus o artritis, entre otros. El objetivo de dichas medidas, cuya implantación ha querido impulsar el Consejo General mediante la elaboración de un protocolo a disposición de autoridades sanitarias y Colegios de Farmacéuticos, es evitar desplazamientos innecesarios a personas pertenecientes a grupos de riesgo, favorecer la adherencia a los tratamientos y reducir la presión asistencial sobre los hospitales. Así lo han entendido en Cantabria, Andalucía y Cataluña, donde ya está llevando a cabo esta iniciativa, que también se está estudiando en otras muchas.
Pacientes vulnerables
Otra de las propuestas presentadas por el Consejo General al Ministerio de Sanidad fue la entrega de medicamentos a domicilio a pacientes mayores y polimedicados, dependientes o en cuarentena. Con este fin, el Consejo General de Farmacéuticos y Cruz Roja, con la autorización del Ministerio de Sanidad, han suscrito un acuerdo para que la red de 22.000 farmacias, a través de los 200.000 voluntarios de Cruz Roja y siempre que al farmacéutico le fuera imposible desplazarse, realicen esa entrega domiciliaria de medicamentos a quienes no puedan acceder a la farmacia.
Simultáneamente y por lo que se refiere a las prescripciones del ámbito de la Sanidad privada, la Organización Farmacéutica Colegial ha trabajado, conjuntamente con los Consejos Generales de Dentistas, Médicos y Podólogos, para habilitar una versión simplificada del Sistema de Receta Electrónica Privada que operará temporalmente con el fin de facilitar el acceso a los tratamientos prescritos con las garantías sanitarias a los pacientes. En el caso de prescripciones en formato papel, siempre que se trate de recetas prescritas en los modelos de los citados Consejos Generales, podrán ser igualmente verificadas y dispensadas en las oficinas de farmacia.
Para Jesús Aguilar “los farmacéuticos y sus instituciones colegiales, fieles a su vocación de servicio público, están trabajando, en coordinación continua con el Ministerio de Sanidad, la Consejerías, las mutualidades de funcionarios y resto de autoridades sanitarias en la rápida y eficaz implantación de soluciones que respondan a las necesidades reales de los pacientes”.
