La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró este miércoles que el Ejecutivo está “muy abierto” a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero advirtió que la norma “no puede contradecir la normativa europea”.
Así lo señaló en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras ser preguntada acerca de la advertencia de Esquerra Republicana que rechazó la norma por no incluir a plataformas como Netflix en la Ley Audiovisual para que, como mínimo, incluyan un seis por ciento de su oferta en catalán, euskera o gallego.
“El proyecto de ley va a llegar en los próximos días al Congreso y se inicia un proceso de negociación en el que estaremos muy abiertos a la negociación con los grupos como siempre hacemos”, explicó la vicepresidenta, al tiempo que enfatizó que “todo el proyecto de ley tiene unas cuotas tremendamente complejas” y que no pueden hacer algo que “contradiga la directiva” europea.
Calviño hizo hincapié en que el Ejecutivo lo que aprobó ayer en Consejo de Ministros fue “una reforma muy importante, un proyecto valiente que adapta el marco normativo, no sólo a lo que impone la normativa comunitaria sino a las nuevas tecnologías”. Aseveró, asimismo, que el objetivo es impulsar el sector audiovisual y toda su cadena de valor para reforzar a España como un “’hub’ audiovisual de referencia en Europa e incluso a nivel mundial”.
“Creo que después de una intensa consulta (…) hemos llegado a un buen equilibrio entre el impulso del sector y la protección de nuestras culturas y nuestras lenguas porque nuestro Gobierno está comprometido con la defensa del español y las lenguas cooficiales. No nos tiene que convencer nadie”, defendió Calviño sobre la actuación del Ejecutivo en este asunto.
Con todo, la ministra insistió sobre la exigencia de ERC que “toda negociación tiene un límite”, en referencia a la directiva comunitaria, pero que dentro de ese marco ha asegurado que van “a tratar de tener la mejor ley posible que impulse al sector audiovisual y la producción en español y lenguas cooficiales”. “Ése es un objetivo compartido”, recalcó la ministra, que subrayó que se abre un proceso de diálogo en la Cámara Baja que “es normal”.
Pide a ERC no mezclar esta ley con los presupuestos
Sobre si el enfado de ERC puede interferir en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), señaló que “no se puede mezclar los presupuestos con otra ley” y pidió “centrarse en lo importante”.
Esquerra no está satisfecha con el proyecto de Ley Audiovisual y ha anunciado que presentará enmienda para que empresas como Netflix, que no tienen sede en España, tengan que aplicar la cuota de producción en lenguas cooficiales que su partido pactó con el Gobierno.
Rufián, que asegura conocer el texto que el Gobierno va a enviar al Congreso, ha insistido en que este tipo de multinacionales “no deberían poder legislar” e indicó que su pacto con el Ejecutivo es “un acuerdo de mínimos” y que el texto debe mejorarse a su paso por las Cortes.
La nueva ley audiovisual incorporará al Derecho español la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (2018) que extiende la regulación que hasta ahora existía para la radio y la televisión a los servicios y contenidos audiovisuales de internet, en especial las plataformas para compartir contenidos (redes sociales) y de vídeo a la carta (Netflix, HBO Max, Movistar+).
Así, la propuesta prevé que las plataformas prestadoras de servicio de catálogo tendrán que ofrecer, como mínimo, un 6 por ciento de su oferta en catalán, euskera o gallego. Se trata de una disposición incluida en el texto 0in extremis’ en el marco de las negociaciones del Gobierno con ERC para conseguir el apoyo de los nacionalista para aprobar los presupuestos generales para 2022.
Por otro lado, debido al acuerdo entre Gobierno y ERC, el contenido doblado o subtitulado en lenguas cooficiales deberá ser ofertado por las plataformas, pero no será considerado como cuota de obra en catalán, euskera o gallego. “Hay una cierta obligación que está sujeta a que sea posible tanto técnicamente como por la propia calidad del doblaje o el subtitulado. Es una obligación con algunas limitaciones”, recalcaron.
