La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar sea condenado a 15 años y medio de cárcel y a 966.000 euros de multas, más indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros por las presuntas irregularidades en la RFEF.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción sostiene que «entre al menos los años 2007 y 2017 los acusados Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón, aprovechándose de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente económico de la RFEF, respectivamente, (…) beneficiaron a personas físicas y jurídicas de su entorno en connivencia con otros acusados».
Lo hicieron, detalla, «bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían».
En particular, indica que «desde al menos el año 2009 Villar decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo, el también acusado Gorka Villar, en perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a éste personalmente y a través de su sociedad Sport Advisers mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos».
Anticorrupción calcula que «con esta actuación la RFEF sufrió un perjuicio de al menos 3.830.000 euros y Gorka Villar y su sociedad obtuvieron unos ingresos de 366.583,08 euros».
Asimismo, añade, «en relación con el pago indebido de retribuciones, se abonaron servicios no prestados, así como beneficios indebidos a la acusada Adoración de Pedro, por un importe total de, al menos, 684.441,72 euros».
La Fiscalía señala que todo ello generó unos perjuicios a la RFEF de 4.514.441,72 euros, que es lo que reclama en concepto de indemnización para la misma a Villar y otros acusados.
Respecto a Villar, le acusa de delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por los que pide que sea condenado a 15 años y 6 meses de cárcel y al pago de multas que ascienden a 966.000 euros.
