El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha sido detenido este lunes por los Mossos d’Esquadra durante el proceso de registro de las oficinas del club en el Camp Nou por el caso ‘Barça Gate’, según han confirmado fuentes cercanas al caso.
Según han explicado las mismas fuentes, durante este lunes, días antes de las elecciones del Club el próximo 7 de marzo, hay otras tres personas detenidas en un registro que sigue en curso.
Agentes del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra están registrando las oficinas del Fútbol Club Barcelona en el estadio del Camp Nou para recabar más información.
Operación en el marco del presunto caso de intento de desprestigio a jugadores y exdirectivos del club a través de las redes sociales conocido como ‘Barça Gate’.
Por su parte, el FC Barcelona ha emitido un comunicado en el que asegura que ante la entrada y registro del cuerpo de Mossos en las oficinas, el club ha ofrecido su “plena colaboración” a la autoridad judicial y policial para aclarar los hechos objeto de esta investigación.
“La información y la documentación requeridas por la policía judicial se han circunscrito, estrictamente, a los hechos relativos a este caso. El FC Barcelona expresa su máximo respeto por el procedimiento judicial en curso, y por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas en el marco de estas actuaciones”, esgrime el comunicado.
En julio de 2020, la policía catalana ya entró en las oficinas del club para efectuar registros por este caso, conocido como ‘Barça Gate’ y destapado por la Cadena SER en febrero de 2020, y que nace con el pago de un millón de euros del FC Barcelona a la empresa ‘i3 Ventures’ –en cinco pagos de 198.000 euros para saltarse el control interno del club– para monitorizar las redes sociales.
El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona está investigando el caso, bajo secreto de sumario, tras admitir a trámite la denuncia de la plataforma de aficionados ‘Dignitat Blaugrana”, por un presunto delito de administración desleal y corrupción entre particulares por el caso de las redes sociales.
