Raúl Fernández
Ciudad Real
La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el pasado miércoles la suspensión indefinida de todas las competiciones a partir del 16 de mayo por su disconformidad con el Real Decreto Ley, aprobado el pasado 30 de abril por el Consejo de Ministros, sobre la comercialización de los derechos audiovisuales. La RFEF exige así que se revise el reparto de las quinielas, esos derechos televisivos, la modificación de la Ley de Emprendedores, lo que provocó una huelga hace unos meses, y se consideren las reivindicaciones de la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE), que este jueves mismo, a través de su presidente Luis Rubiales, confirmó su apoyo al paro. Todo ello en contra de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que también este jueves, en otro comunicado, mostró su crítica con la decisión de la Federación, que calificó como “nula de pleno derecho”, por lo presentará una demanda.
Esta suspensión influirá en la última jornada de Segunda B y Tercera División, que no se jugaría ese fin de semana del 16 y 17 de mayo si no hay un arreglo antes, además de otras categorías como la Segunda Autonómica o la Liga Juvenil Provincial. Y, desde luego, a los clubes más modestos no les hace gracia no disputar esa fecha definitiva del campeonato liguero, ya que, por muy de acuerdo o no que estén con la Federación, la mayoría considera que es perjudicial para sus intereses.
Las razones que argumentan son lógicas: en el caso de suspensión hasta una fecha aún desconocida, los equipos, especialmente los que tienen intereses en juego, tendrían que seguir entrenando, lo que provocaría un mayor gasto económico en salarios (tendrían que llegar a acuerdos con técnicos y jugadores ya que, normalmente, se paga hasta la fecha final), en gasolina, en pisos de residencia, manutención de futbolistas y otros gastos complementarios. Todo ello sin contar que para los que puedan entrar en fases de ascenso, éstas se prolongarían en el tiempo hasta meterse en el mes de julio, luego serán más los gastos en unas economías de los clubes humildes ya de por sí muy justas.
En este sentido se manifiesta Guillermo Alcázar, entrenador del Manzanares, que se pregunta “¿qué voy a hacer con los entrenamientos? ¿Hay que dejarlos o el club va a pagar más gasolina y más sueldos? Creo que es una huelga para los pudientes, los ricos y los poderosos, porque no pienso que los modestos estemos de acuerdo con ella”.
Para Félix Pérez, técnico de Formac Villarrubia, esta suspensión “provocaría más semanas de trabajo y un problema que tendrían que solucionar los clubes con los jugadores, cuando no tienen una económia boyante”. “Opino lo mismo que cuando la otra vez, las consecuencias de entonces fueron que nosotros teníamos planificados 4 o 5 días de vacaciones en Semana Santa y tuvimos que entrenar y competir, mientras que los que proponen la huelga se fueron de vacaciones. A los mismos son los que les toca trabaja”, explicó Pérez.
Otro entrenador provincial, Andrés Viñas, del Puertollano, desconocía las causas exactas de la suspensión, pero también dejaba claro que si ésta se produce “se adulteraría la competición y trastocaría económicamente a los clubes, ya que habría más gastos en pisos, manutención…”. Viñas apunta que él mandaría a sus jugadores a sus casas y volverían sólo para disputar el último partido.
Paco García-Moreno, preparador del Daimiel Racing, prefiere centrarse en el encuentro de este domingo ante el Almansa, pero aseguró que “no creo que la huelga sea viable en Tercera División, porque dejaría todo pendiente”.
Finalmente, también en contra se mostró José Ramón Rivero, director deportivo del CD Ciudad Real, quien se refirió a una suspensión “impuesta de arriba” y que lamentó igualmente el mayor coste económico que supondría para el club.