Tras el comunicado de la RFEF en relación con la convocatoria de una reunión de esta con los Presidentes de las Federaciones Autonómicas para mañana lunes, 10 de agosto, y en la que la RFEF pretende “informar y adoptar las decisiones pertinentes en cuanto al inicio de las competiciones no profesionales”, la LNFS, ProLiga y la ACFF han enviado una carta conjunta al Consejo Superior de Deportes solicitando una reunión de urgencia para tratar una nueva situación en la que nuevamente se pretenden tomar decisiones sin contar con los y las máximos/as protagonistas del fútbol, los Clubes y los y las futbolistas.
La LNFS, ProLiga y la ACFF integran a un colectivo de Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas que representa a más del 80 % de los participantes y que responden de los compromisos salariales de más de 3.000 deportistas profesionales, técnicos y trabajadores. Así, resulta no sólo lógico, sino absolutamente imprescindible, que cualquier decisión que se tome en estos momentos en relación con las competiciones sea previamente consensuada con las tres asociaciones. Lamentablemente, ninguna de estas asociaciones ha sido previamente consultada ni contactada para formar parte de esta toma de decisiones.
Ni el Gobierno de España, ni el Ministro de Cultura y Deporte, el Sr. Rodriguez Uribes, ni la presidenta del Consejo Superior de Deportes, la Sra. Lozano, pueden permitir que, a la hora de tomar decisiones de este calado, y que pueden tener una gran incidencia en el devenir del fútbol español y la supervivencia económica de Clubes, futbolistas, técnicos y trabajadores, se dé nuevamente la espalda a estas asociaciones y sus miembros.
Ante situaciones sin precedentes se requieren consensos sin precedentes que garanticen el buen desarrollo del fútbol español en una situación tremendamente complicada. Entre todos y todas seremos capaces de buscar las mejores soluciones y establecer los protocolos y líneas de actuación necesarias para que los más de 3.000 trabajadores/as que compiten en estas competiciones puedan desarrollar su actividad con las máximas garantías sanitarias sin tener que poner en riesgo sus contratos.
