La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe sobre procedimiento administrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico del río Guadiana, entre el Molino de Zuacorta y el Molino de Molemocho, en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Así lo confirmaron este jueves fuentes de esta entidad, que esperan que en un plazo no superior a tres meses el órgano jurídico se pronuncie sobre el deslinde abierto hace varias décadas para delimitar la propiedad pública de las zonas en las dos márgenes del río Guadiana, y así dar cumplimiento a la Ley de Aguas.
Según se había previsto, una vez que la Administración central dé el visto bueno comenzaría con la señalización y delimitación de la zona de dominio público hidráulico, si bien la demarcación comenzó el pasado 10 de enero, cuando técnicos de la CHG empezaron a instalar las estacas en el margen izquierdo del cauce.
Este proceso ha provocado la reacción de los titulares de las fincas afectadas, que en los últimos meses han mostrado su indignación a nivel mediático y han pedido amparo a la CHG, además de haber presentado alegaciones al proceso. Dicen sentirse lastrados “anímicamente” e, incluso, llegaron a anunciar una sentada a las puertas de la Confederación.
Jesús Pozuelo, uno de los afectados y presidente de la Comunidad de Usuarios de Daimiel, dijo a Lanza que esperarán a la respuesta de los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado, aunque vivan “en una permanente inquietud por lo que pueda pasar”.
“En el peor de los casos, acabará en los tribunales”, lo que “nos obligará a continuar gastando dinero, como lo hemos hecho con las tierras desde que las adquirimos”.
Los 64 titulares que podrían verse despojados de sus tierras de cultivo, la mayoría de Daimiel, con una extensión de unas 560 hectáreas, seguirán con su contencioso para poder seguir cultivando cereales y hortícolas.
Hace varios meses, estos agricultores aseguraron a Lanza que no están dispuestos a que la CHG ocupe sus propiedades “a coste cero”, dado que, según argumentaron, “no nos hemos apoderado de nada, nuestras fincas son nuestra vida y nuestro pan, las compramos legalmente, tenemos las escrituras, la documentación del registro de la propiedad, del notario, del catastro, de la contribución y la de la gestión de las ayuda de la PAC”.
