En concreto, este procedimiento se inicia tras la modificación de la normativa sobre esta materia que se aprobó como disposición adicional sexta en la Ley para la Prevención de Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de abril, según informa Europa Press.
La anterior normativa sobre representatividad, -con base en las leyes 10/2009 y 12/2014- creó un sistema para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias a nivel estatal basado en un mecanismo de consulta pública, directa y simultánea en todo el territorio nacional.
Agricultura ha recordado que el procedimiento establecido era exhaustivo y su aplicación práctica implicaba dificultades material, económica e incluso teleológica, y necesitaba un importante despliegue de medios humanos y materiales. Así, la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias conforme a este sistema se encontraba supeditada a un ulterior desarrollo reglamentario que no se llegó a realizar. Por ello, el sistema de representatividad implantado por dicha ley no llegó a ponerse en práctica.
De esta forma, este nuevo procedimiento, abierto mediante resolución publicada hoy en la página web del Ministerio, se regirá por un conjunto de reglas «precisas, centradas en la estructura, la implantación territorial y la vinculación efectiva con el sector agrario».
En este contexto, sólo podrán concurrir al procedimiento aquellas entidades que, a fecha de 31 de diciembre de 2024, cumplan con determinados requisitos como estar legalmente constituidas y registradas como organizaciones profesionales agrarias de carácter general y estatal, conforme a la Ley 19/1977, y con al menos un año de antigüedad.
Otros requisitos es que en sus extatutos deben contemplar fines generales vinculados a la defesa de la agricultura, ganadería y silvicultura, y actuar en el ámbito estatal, así como tener implantación y actividad efectiva en al menos siete comunidades autónomas. En caso de tratarse de federaciones o agrupaciones de organizaciones territoriales, deberán demostrar documentalmente su integración jurídica al menos con seis meses de antelación a la solicitud
De esta forma, el reconocimiento estatal dependerá exclusivamente de las certificaciones emitidas por las comunicades autónomas, que acreditarán la representatividad o implantación según tres vías, la basada en procesos de votación establecidos por la legislación autonómica vigente; en certificaciones que acrediten la mayor representatividad sin necesidad de proceso electoral, y en ausencia de las anteriores, mediante la participación institucional efectiva de las organizaciones en órganos o procesos normativos de la región.
Agricultura recuerda que para obtener la representatividad nacional, cada organización deberá presentar los certificados de al menos siete comunidades autónomas, obtenidos a través de una o varias de las vías anteriores.
De esta forma, la condición de organización profesional agraria más representativa tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde la publicación oficial de la resolución que lo acredite. Tras la revisión de las solicitudes y la valoración de la documentación, está previsto que el proceso se resuelva a finales del mes de mayo.
